Ciudad de México. Debido a los efectos del cambio climático, las variedades de maíz criollo en México podrían caer más de 60 por ciento en los próximos 30 años, a menos de que las autoridades del país se decidan a financiar un programa de rescate de dicho cereal, cuyos granos más valiosos en términos de biodiversidad hoy se encuentran en manos de los campesinos más pobres.

Así lo afirmó Alan Hernández, investigador de la Universidad Iberoamericana, quien señaló que el gobierno debería invertir en un esquema de corto-mediano plazo para que esos agricultores mantengan vivo el germoplasma del maíz y no dejen de producirlo en el futuro.

En entrevista con La Jornada, el académico explicó que el proyecto que encabeza –en el cual participan diversas universidades y organismos internacionales, con financiamiento de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional—busca estudiar las afectaciones que tendrá el maíz por el calentamiento global y realizar estimaciones de las tendencias de ese sector agrícola en el futuro.

Uno de los datos más relevantes de la investigación, dijo, es que “proyectamos que en todo México el número de variedades de maíz criollo podría caer 61 por ciento en los próximos 30 años, lo cual es una cifra alarmante, porque el país es el centro de origen y diversificación” de dicha planta.

Hernández señaló que este fenómeno de pérdida no es nuevo, pues desde inicios de siglo “se observa una caída acumulada de hasta 81 por ciento” de los granos de maíz criollo, “lo cual sería una pérdida irreparable del patrimonio biocultural mexicano”.

Una posible alternativa para frenar este proceso, indicó, es que el gobierno del país diseñe políticas públicas para conservar esta planta, una de las cuales consistiría en darle un pago monetario a los campesinos en pobreza alimentaria que han conservado las variedades criollas del grano, para incentivarlos a seguir produciéndolo.

“Los cálculos que hicimos fueron darle a los productores un pago por el costo de la canasta alimentaria, que sería en total de unos 2 mil 900 millones de pesos anuales. No se trataría de un programa a largo plazo, sino de tratar de detener la erosión genética del maíz; más adelante se debería sacar una estrategia más integral”, acotó.

Si ello se realizara, “se fomentaría la producción de maíz, y ese aumento elevaría la seguridad alimentaria, sin tener efectos negativos en la producción agrícola total ni afectar a otros sectores. Por el tiempo de intervención, tampoco tendría costos en términos de agua de riego ni pondríamos una presión extra sobre el uso de la tierra. La salvación del maíz ha estado en manos de un sector que no ha recibido un pago justo” por conservarlo, subrayó.