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Política

2022-10-16 11:49

Recursos mostrencos irán para seguridad pública, detallan Morena y PRD

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual fue turnada al Senado para su discusión.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual fue turnada al Senado para su discusión. Foto Roberto García / Archivo

Ciudad de México. Diputadas de Morena y PRD señalaron que es falso que la minuta sobre recursos mostrencos tenga el objetivo de robar a los ahorradores, como han acusado senadores del PAN.

La morenista Andrea Chávez destacó que la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobado en la Cámara de Diputados el martes pasado y enviada al Senado de la República para su discusión, tiene la finalidad de destinar los recursos de procedencia ilícita que se encuentran en el sistema bancario, a la seguridad pública.

“Es falso que el gobierno pretenda robar a los ahorradores”, puntualizó, mientras Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del PRD en San Lázaro, recordó que los recursos “mostrencos” son aquellos que no tienen dueño y llevan más de seis años sin actividad en el sistema financiero.

La perredista agregó que estos dineros se ubican en las llamadas “cuentas concentradoras” donde va a parar dinero de cuentas que cayeron en situación de ‘no reclamo’, en un proceso largo de más de seis años y que, en un litigio, se confiscan a favor del gobierno; pero no se pueden entregar hasta en tanto no termine el proceso legal correspondiente.

Pérez Valdez subrayó que su partido no avalaría nada que perjudique a la ciudadanía ni a su patrimonio. El acuerdo es no afectar las garantías constitucionales, añadió.

La minuta aclara que no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos dineros cuyo derecho a ser reclamados ya prescribió, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales.

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