Han sido varios años de seguimiento, observando, incluso denunciando el peligro de saqueo de los yacimientos del litio mexicano. Este recurso natural, actualmente tan buscado, es tan valioso, o más, que el petróleo mismo. Todavía, por varios años, el hidrocarburo será el soporte fundamental para la economía de nuestro país. Sin embargo, el litio, casi desconocido para la mayoría de la población, es en la actualidad el mineral que va a ser la diferencia entre la destrucción más profunda del ambiente y los pasos certeros para la recuperación del equilibrio ecológico.
Ya se ha publicado en diversos medios que la seguridad en el abastecimiento del valioso químico ha pasado de lo semidesconocido a una prioridad para la industria menos contaminante. Lejos de lo que se piensa en cuanto al fin de la era del petróleo, la diversidad de artículos industriales es enorme. Por otro lado, el litio no es el sustituto del hidrocarburo. Ambos recursos tienen diferentes características y las aplicaciones de la tecnología que se ha desarrollado en torno a ellos seguirán resolviendo situaciones y mejorando la calidad de vida.
Disponer de los recursos naturales del país, extraerlos, procesarlos, comercializarlos y defenderlos, es derecho inalienable del pueblo mexicano. A ninguna empresa o a ningún particular se le puede autorizar para autodesignarse o designarle propietario de alguna fuente de recursos estratégicos.
Por esta razón se recuperó el litio, prácticamente, se re-expropió. Sabemos que en la Carta Magna de 1917 quedó escrito que los recursos naturales pertenecen al pueblo de México. Y este año se formalizó la aprobación de la Ley Minera en el Senado y la Cámara de Diputados.
Gracias a la modificación de los artículos 1, 5, 9 y 10 de la reformada Ley Minera, el litio es considerado patrimonio de la nación. Por tanto, la explotación y aprovechamiento del mineral son tareas, indiscutiblemente, de la empresa correspondiente al Estado.
La expropiación fue un paso fundamental para evitar que diversas empresas extranjeras se apoderaran ilegalmente de los yacimientos mexicanos. Fue posible la titularidad por los argumentos de utilidad pública y de interés social inscritos en las leyes.
Por lo menos, eso se espera, eso debe ser y eso debemos defender: la riqueza de los recursos naturales debe servir para el mejoramiento ambiental que nos dará, por extensión, la mejor y razonable explotación y utilización de ambas fuentes de energía. El resultado será, sin duda, la calidad de vida. Coincidimos con las palabras similares expresadas por el senador Napoleón Gómez Urrutia.
Para que eso pase, la sociedad debe presionar a fin de que la ley no se centre en el bien de las empresas especulativas, millonarias e invasoras que quieren seguir explotando ambos recursos, haciendo de lado el futuro del planeta.
Éste es, sin duda, un paso importante para la transición energética. La sanidad atmosférica es una meta que irá ganando espacio a la contaminación ambiental. Y dicha meta es la clave para lograr el objetivo mundial: la recuperación de las esperanzas de vida.
Si hablamos de beneficio para toda la población, debemos estar alertas para que la reciente nacionalización del mineral no se convierta en la riqueza a manos llenas de unos cuantos. Existen cálculos de que su valor sería de alrededor de 12 billones de pesos, cercano a una tercera parte de la riqueza repartida equitativamente (PIB) que, supuestamente, nos toca a cada persona nacida en México.
Por el momento, eso ha manifestado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El litio, mineral estratégico, ha devenido importante protagonista en la transición energética mundial.
El amplio abasto que se pretende y que caracterizará la cadena de valor, especialmente en el estado de Sonora, donde se encuentra el mayor yacimiento del mineral, son garantía de que el beneficio a la población será próximo y contribuirá al aumento del PIB, que a mediano plazo representará 0.3 por ciento, sin hablar aún del porcentaje que se obtendrá con el valor agregado al iniciarse la venta de baterías de litio de calidad, hechas en México, entre otros productos.
Podemos decir que, por lo pronto, con la expropiación del litio se está defendiendo la soberanía energética. Sin embargo, como es costumbre después de años de silencio, surgen a la luz pública expertos, intelectuales economistas y profesionales de la investigación que opinan acerca de las deficiencias de los artículos modificados de la Ley Minera.
En efecto, el artículo 6 de esta ley es muy importante porque plantea el carácter de utilidad pública y la prioridad que tiene sobre otras actividades productivas. La población y el propio Estado quedan a su resguardo y, además, deberán subordinarse a la actividad:
“La reforma a la Ley Minera tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, innovación tecnológica y desarrollo nacional, así como determinar que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral”, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 2022.
Como ciudadanía, nos corresponde la defensa del litio, ahora ya expropiado. Algunas empresas extranjeras no se dan por vencidas y continúan la lucha por recuperar este recurso tan importante. Depende de nosotros hacer valer la Ley Minera y la congruencia de objetivos para la transición energética.
