Entre enero de 2021 y mayo de 2022, por lo menos 93 migrantes murieron en territorio mexicano a causa de accidentes carreteros, ataques de grupos criminales y por tratar de cruzar el río Suchiate –en la frontera con Guatemala–, según datos recabados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, con base en la revisión de medios, indicó que estas situaciones dejaron 105 personas heridas.

En un diagnóstico comunitario sobre tráfico ilícito de migrantes en la zona fronteriza de Tapachula, Chiapas, y San Marcos, Guatemala, la OIM expuso que entre las personas que han muerto están los 16 migrantes guatemaltecos que en enero de 2021 fueron asesinados en la comunidad de Camargo, Tamaulipas, una zona marcada por grupos criminales, así como los 55 que fallecieron en diciembre de 2021 al volcar el camión en el que viajaban en la carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas.

Señaló que en ese mismo periodo, por lo menos 719 migrantes habrían sido rescatados en casas de seguridad y en detención de autobuses que los trasladaban.

La OIM advirtió que existe un subregistro de los crímenes y abusos que las personas en contexto de movilidad sufren, debido a la falta de denuncia en la mayoría de los casos.

En este sentido, refirió que en 2020 las autoridades solamente registraron 164 denuncias de tráfico ilícito de migrantes a escala nacional, mientras en 2021 la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas documentó 493 casos. Sesenta y nueve de estos fueron presentados en el estado de Chiapas, agregó.

En el documento, publicado en agosto pasado, apuntó que siguen siendo los hombres entre 18 y 30 años de edad y de origen centroamericano los que mayoritariamente son objeto de tráfico ilícito. Sin embargo, resaltó, “es significativo que al menos una cuarta parte sean mujeres, quienes debido a las circunstancias sociales de género tienden a ser más vulnerables de abusos y delitos asociados a esta práctica”.

Destacó que a pesar de ser habitual y conocido, el tráfico ilícito de migrantes resulta ser una práctica velada que sólo adquiere visibilidad cuando ocurre una tragedia o cuando se requiere de respuestas ante una emergencia humanitaria.

Asimismo, aunque reconoció el avance de México y Guatemala en la adopción de un piso básico de obligaciones respecto a la protección de los derechos de los migrantes, la OIM aseveró que subyacen actuaciones que fomentan la persecución, la detención y la deportación, entre ellas la falta de respuesta y la lentitud de los procesos de regulación y solicitud de refugio, que obligan a las personas a buscar opciones de movilidad.