Para Zoé Robledo, director general del IMSS, este instituto y los organismos de seguridad social “deben evaluar y reconocer” el gasto “creciente” de pensiones, “mitigar” los problemas estructurales, atender la “fragmentación”, sanear las “finanzas” y “generar” más recursos para jubilados. Como si fuera poco, agregó que se requiere un sistema “fuerte en el que todos aporten”. Para él, con el presidente López Obrador se dieron los primeros pasos para recuperar la “esencia” del sistema pensionario, vía el Decreto (16/12/20) que ajustó las del Apartado A del artículo 123 constitucional ( La Jornada, 11/8/22).
Así planteado, este desordenado minicoctel de los desafíos que enfrentan las pensiones, es absolutamente impreciso y evita reconocer que el tibio ajuste del Decreto-AMLO preserva el modelo Afore, destinando más recursos fiscales que pudieron emplearse de manera diferente para corregir de raíz ese desafío.
Ese Decreto contiene perversidades tecnocráticas diseñadas, en plena 4T, por despachos patronales asesores del Consejo Coordinador Empresarial y ex funcionarios de la SHCP (Arturo Herrera). Su esquema de financiamiento transita del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez –privatizado por la reforma Zedillo/IMSS/1995, que administran Afore y compañías de seguros– a una suerte de Seguro Popular pensionario. Es decir, diferentes niveles de pensiones en el sótano, todas pagadas con recursos fiscales.
El esquema de Herrera diseñó dos regímenes: uno para trabajadores con bajos salarios de cotización (un salario mínimo hasta cuatro unidades de medida y actualización –UMA–) y otro para aquellos con salarios de cotización más altos (superior a cuatro UMA y hasta 25) que, en este caso, elimina la aportación del Estado: el tripartismo como base del financiamiento. El Seguro Popular pensionario de Herrera no corrige, complica el asunto público y no mejora el nivel de las pensiones: las subsidia en el sótano rompiendo el tripartismo. Según el cuarto Informe de gobierno (1/9/22) el Decreto sólo pudo pagar pensiones –durante 2022– garantizadas con monto promedio mensual de 5 mil 206 pesos. La beca mensual que otorga el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (STPS) –durante 2022– suma 5 mil 258 pesos.
Además de los riesgos financieros que impuso la reforma Zedillo, el Decreto anticipa dos nuevos, mucho más profundos y duraderos. El primero, sobre el sistema Afore y sus pensiones: renta vitalicia, seguro de sobrevivencia para familiares o en su caso la Pensión Mínima Garantizada. El segundo, sobre las condiciones de cotización/beneficios de la Ley IMSS-73 cuyas pensiones –ya en otros momentos– se han pretendido ilegalmente topar de 25 a 10 salarios mínimos (ahora UMA). El Decreto afecta tanto a los trabajadores en Afore como a los que tienen derecho de optar por la Ley IMSS-73.
También segmenta a los trabajadores en dos grandes grupos. Primero, los de Pensiones Mínimas Garantizadas (PMG) con bajos salarios de cotización (un salario mínimo a cuatro UMA) o Seguro Popular pensionario y que reciben un subsidio mayor –junto con las Pymes– comparado con el régimen de cuota social de un salario mínimo a 15 UMA. La cuota social del gobierno federal se focaliza en los trabajadores de más bajo nivel de cotización. Este segmento acumulará mayor ahorro (aportación gubernamental) ex-ante en sus cuentas individuales para el pago futuro de la PMG. Son el universo de mayor afiliación. Según el Informe Institucional 2019-20, durante los últimos 10 años el rango salarial de más de dos y hasta seis veces la UMA, fue el de mayor creación de empleo. Del total de trabajadores asegurados, los cotizantes de un salario mínimo hasta cinco UMA representan 74.4 por ciento.
El segundo segmento son los trabajadores de más altos salarios de cotización (más de cuatro y hasta 25 UMA). Para ellos habrá una PMG “para trabajadores no tan pobres”. Es decir, habrá PMG de primera y de segunda.
Y, sin embargo, al dejar intacta la médula del SAR persiste la amenaza de una crisis social. Sólo se patea el bote. La alerta roja sigue encendida. El debate está abierto. “No estamos satisfechos”, como apenas declaró el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 13 de octubre pasado.
Entonces, el Decreto, ¿recupera la “esencia” del sistema pensionario? El desordenado minicoctel de Robledo confirma la urgencia de que la 4T siga atendiendo el asunto con seriedad, superando formulaciones superficiales que apenas llaman, en abstracto, a “fortalecer” el sistema de pensiones, mientras simultáneamente se busca imponer ajustes paramétricos –siguiendo las “recomendaciones” actuariales de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social– en Veracruz, Yucatán y Nayarit, acompañados por Héctor Santana, responsable de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP/4T. “Tenemos que valorar y no dejar en el desamparo a los trabajadores”, precisó AMLO.
* UAM Xochimilco.
