Madrid. El incremento del costo de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años llevó a miles de pensionados españoles a manifestarse en las calles de Madrid para reclamar una jubilación justa, que no merme aún más su precaria situación económica.

Además de exigir una revalorización de su jubilación en corcondancia con la inflación acumulada durante el año, que actualmente está en el 9 por ciento, también exigieron un incremento de la pensión mínima, que supongo al menos un 60 por ciento del salario medio español, y otro tipo de reivindicaciones, como la salida de España de la OTAN ante la escalada bélica en Ucrania.

Alrededor de 15 mil personas, según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, se manifestaron por el centro de la capital española. Los jubilados procedían de todo el país y reunieron alrededor del ministerio de la Seguridad Social y la Inclusión con el firme propósito de exigir “pensiones justas” y que no se siga socavando su poder adquisitivo, que ya sufrió una merma importante durante la crisis financiera de la década pasada, en la que España por primera vez en su historia aprobó una bajada generalizada de las pensiones, cuando entonces estaban en el poder el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, primero, y después del derechista Mariano Rajoy.

Los pensionados, como el resto de la sociedad española, sufren en carne propia el incremento del costo de la vida de los últimos meses, sobre todo a raíz de los altos precios de la energía y el petróleo, que ha provocado a su vez un aumento generalizado de los precios del 9 por ciento acumulado en lo que va de año, pero que si se analizan los productos de la canasta básica, como los huevos, la leche, el aceite o la carne o el pescada, el aumento se dispara hasta el 30 por ciento.

Entre las reividincaciones de los manifestantes destacó que se apruebe cuanto antes un incremento de su jubilación acorde con el aumento de la inflación, es decir al Indice de Precios al Consumidor (IPC), que el actual Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez en virtud de una coalición con Unidas Podemos (UP), ya se aprobó en el Congreso de los Diputados, con un aumento del 8,5 por ciento que se hará efectivo en los presupuestos generales del Estado del próximo año.

Leopoldo Pelayo, vocero de la Coordinadora General de Pensionisrtas, fue el responsable de leer el manifiesto durante la marcha, en el que recordaron que los pensionados “pierden poder adquisitivo constantemente y se encuentran en una situación insostenible ante los continuos recortes por parte del Gobierno”.

También señaló a la falta de reflejos del gobierno para atender su precarización paulativa y lo hizo en representacion de jubilados procedentes de Galicia, Andalucía, Extremadura, País Vasco y Madrid, así como la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), la Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (Asjubi40) y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Pelayo añadió que las pensiones perdieron en 2021 un 3 por ciento de poder adquisitivo y que salarios y pensiones están perdiendo más de seis puntos de poder de compra en lo transcurrido de 2022.

“La causa fundamental del incremento de los precios no son los salarios ni las pensiones: son quienes, en régimen de monopolio, fijan los precios para mantener e incrementar sus escandalosos beneficios. Nosotros seguiremos en la calle hasta revertir las contrarreformas que nos están imponiendo, acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, eliminar la penalización a las pensiones anticipadas con largas carreras de cotización, recuperar los derechos perdidos en las sucesivas reformas laborales y de pensiones, generar un reparto equitativo de la riqueza y mejorar y garantizar servicios públicos y comunitarios universales y de calidad”, afirmó.

Los pensionados también reclamaron la salida de España de la OTAN por su participación en la guerra en Ucrania, al instar al gobierno a no intervenir en ese conflicto, que a su entender está provocando una grave fractura en la economía española y por tanto en el bolsillo de millones de pensionados.