Buenos Aires. “Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de la responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado contra la de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994”, expresó Natalia D’Alessandro, representante del ministro de Justicia, Martín Soria, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), reunida en Montevideo, Uruguay, en el 153 periodo de sesiones.

La denuncia de origen fue presentada por la Asociación Civil Memoria Activa, de familias de las víctimas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, y sostiene que el Estado argentino no previno ni investigó de manera adecuada el crimen, siendo el mayor y cruento atentado ocurrido en el país, ante lo cual el Estado “no tomó las medidas adecuadas de protección”.

Asumió también la responsabilidad por la “violación de los derechos al acceso a la información”. El atentado dejó 85 muertos y 300 heridos, además de destruir el edificio, lo que causó graves daños a las viviendas aledañas.

Al referirse a las autoridades en ese tiempo, entre ellos el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), la funcionaria consideró que habían tomado la “decisión de encubrir la verdad” y resaltó que el reconocimiento se extiende desde 2005 hasta ahora, ya que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) aceptó por decreto la responsabilidad del Estado y asimismo cerró un juicio que se había convertido en un laberinto sin salida, plagado de irregularidades creando así una fiscalía especial para revisar el caso.

El presidente de la Coridh, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, analizó que las demoras en la investigación fueron atribuidas a “corrupción, falta de independencia y carencia de profesionalismo en las más altas esferas del Estado argentino” y pidió “una sentencia de vocación transformadora”, al recordar que el tribunal actúa “porque el Estado argentino no ha resuelto la problemática vinculada con la investigación del atentado terrorista a lo largo de 28 años”.

Sin embargo no se hizo ninguna referencia a la implicación de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina, que convalidó irregularidades graves desde el comienzo de la investigación, y en ningún momento se advirtió que una de las principales causas de la demora fue, y es, que desde el día siguiente al 18 de julio de 1994, tanto Israel como Estados Unidos acusaron sin pruebas a Irán, con lo cual impedían cualquier otra investigación imparcial.

Fue esta la mayor causa para no llegar a un final categórico, y aunque se dice que la justicia argentina consideró como los principales sospechosos a altos funcionarios iraníes, pero no hay una sola prueba. Desde el primer momento, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel condujeron a investigar a testigos falsos, por lo que el juez Juan Carlos Galeano, a cargo del proceso, viajó a Venezuela, por indicación de esos servicios, para interrogar a Manoucher Moatamer, quien se decía escapó de Irán con mucha información y terminó siendo una indagatoria plagada de contradicciones.

Al no existir extradición en Irán y sin pruebas específicas, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y su entonces canciller Héctor Timerman, lograron firmar únicamente un memorando con Irán a fines de 2013, el cual permitiría el envío de jueces a Teherán para indagar a cinco altos funcionarios iraníes.

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