El bombardeo masivo, durante dos días consecutivos esta semana, de una veintena de regiones de Ucrania alejadas de la zona de la proclamada “operación militar especial”, es obvia represalia por el sabotaje que dañó el Puente de Crimea, pero también frenó por un tiempo los esfuerzos de mediación para que Moscú y Kiev negocien el fin de la guerra.

El presidente Vladimir Putin, al dar por inobjetable la investigación oficial de inverosímil factura que inculpa a los ucranios de atentar contra el símbolo de la anexión de la península, se puso al frente del sector belicista de su entorno que considera que el único desenlace posible es la capitulación incondicional del “régimen nazi” en Ucrania.

El lunes y el martes, Rusia lanzó 119 misiles sobre ciudades ucranias, cantidad sólo superada el 24 de febrero, cuando empezó la invasión y se dispararon 160 misiles; pero como no todos eran de “alta precisión”, aparte de los drones iraníes Shahed-136 (Mártir o Suicida), se estima que, interceptada la mitad por el ejército ucranio, únicamente 25 por ciento impactaron en centrales eléctricas, puentes, torres de comunicación y otra “infraestructura crítica” –el objetivo declarado– e igual porcentaje destruyó edificios de viviendas y otras instalaciones civiles.

La represalia, por tanto, generó un efecto contraproducente al incrementar el odio de la población civil y de los militares ucranios hacia Rusia, mientras las tropas de ésta siguen retrocediendo en las cuatro regiones que declaró ya parte de la Federación Rusa. La movilización “parcial” es un caos y el Kremlin, para compensar los descalabros, está permitiendo que combatan en Ucrania también tres “ejércitos privados”, con mercenarios financiados por dos magnates y el gobernante de Chechenia, aunque ello viola la Constitución y tampoco resuelve el problema.

Obseso con la idea de someter a Ucrania, Putin rechazó en Astaná, capital kazaja, el plan de paz de su colega turco, Recep Tayyip Erdogan, y le propuso a cambio convertir Turquía en un centro de distribución de gas para vendérselo a “algunos” países europeos. Aunque el Flujo Turco no tiene la misma capacidad que los gasoductos bloqueados en el Báltico, cualquier éxito internacional sirve a Erdogan para sumar votos de cara a las elecciones del próximo junio en Turquía.