Ante la impunidad por el asesinato de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola, cometido el 27 de abril de 2010 en Oaxaca, familiares y sobrevivientes, acompañados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de prensa, expusieron que seis presuntos responsables han sido liberados (cuatro de ellos en septiembre pasado) debido a que sobrevivientes y testigos no se presentaron a los juicios pues fueron amenazados por el grupo armado que los atacó. El acoso afectó también a un juez y dos fiscales especiales. Además, falta por detener otros seis involucrados.

En 2010, cuando atacan a la caravana integrada por defensores de derechos humanos que se dirigía a la comunidad indígena de San Juan Copala, “no hubo ninguna investigación, fue hasta 2012 que se logró obtener 14 órdenes de aprehensión, una de ellas quedó sin vigencia porque mataron a uno de los responsables, y se cumplieron las otras siete, entre ellas la de un menor de edad que estuvo poco más de dos años en la cárcel”, dijo David Peña, abogado integrante de la citada organización.

Tras la reunión que sostuvieron con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert, entre otras autoridades, Micheel Salas, directora del grupo, destacó que este contexto, sumado a que el grupo armado responsable aún tiene control territorial, “nos llevan a asumir que no vamos a encontrar justicia en este país”. Además, acusó Peña, forma parte de grupos en la zona triqui que tienen una organización llamada Partido de Unidad Popular, que apoyó al gobernador electo, Salomón Jara.