El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que el dinero de cuentas bancarias inactivas sea dirigido a programas sociales, no a seguridad pública.

En la mañanera de ayer, el mandatario se refirió a la minuta aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado que plantea que los recursos de las cuentas bancarias que por seis años o más no hayan presentado movimientos o reclamos, pasen a manos del gobierno federal y se usen para el tema de seguridad pública.

“Parece que en el caso de delitos, un porcentaje de lo confiscado es para la Federación y otro para los estados y seguridad pública; yo diría no, que sea para personas con discapacidad, adultos mayores y salud”, por lo que pidió al Senado revisar bien la propuesta para “que no nos acusen de que queremos confiscar bienes”.

–¿Que sea para programas sociales? –se le preguntó.

–Lo ideal sería que fuera para programas sociales, y de manera directa, que no pase por intermediarios, para que llegue a quienes realmente lo necesitan.

Así, el Ejecutivo se lanzó contra las voces que han criticado que “el Presidente no tiene llenadera”, debido a esta minuta, la cual fue presentada por el diputado Ignacio Mier (Morena). “Ayer hubo un lío, un escándalo, de que ahora ya queríamos confiscar las cuentas bancarias, que si nadie reclama una cuenta después de seis años, venga para acá. Para empezar, es una iniciativa de legisladores que tiene que ver con la delincuencia”.

Refirió que el proyecto de Mier fue aprobado casi por unanimidad en la Cámara de Diputados y aun así, “como nos echan la culpa de todo, si se pelean particulares, que es culpa de nosotros; de todas formas, pido al Poder Legislativo, con todo respeto, que informen y se profundice más sobre el tema. Como aún debe ir al Senado, hay tiempo”.

El mandatario señaló que podría haber intereses de los bancos en la iniciativa, porque “hacen sudar” el dinero de las cuentas inactivas.

Solicitó al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, presente en la conferencia, dar algunos detalles de la minuta, a lo que el funcionario explicó que se trata de una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito que busca que las cuentas que después de un tiempo no son reclamadas sean utilizadas para un fin público.

Una parte de los recursos recuperados, expuso, iría a infraestructura y equipamiento de las policías federal, estatales y municipales; aunque acotó que también podrían dirigirse a políticas de carácter social, como sugirió el Presidente.

Se le preguntó si se tiene cálculo de los montos que esto dejaría, a lo que respondió: “ahorita no hay un monto específico, pero sí un dato preliminar de que solamente en el tema de extorsión hay alrededor de 14 mil millones de pesos”.

También fue interrogado sobre si plantea enviar más reformas constitucionales, a lo que indicó que no lo prevé por ahora, pues ya se logró, gracias a la Suprema Corte, la Ley de la Industria Eléctrica, y pasaron en el Congreso las modificaciones constitucionales para extender el apoyo de las fuerzas armadas en labores de seguridad; señaló que está pendiente la reforma electoral, la cual “es necesario aprobar para evitar nuevamente fraudes y que los organismos electorales no actúen por consigna”.