El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el gobierno federal emprenderá un análisis de los resultados obtenidos con la reforma al sistema de pensiones aprobada en 2020, a fin de determinar si los cambios fueron suficientes para corregir abusos en el manejo de los recursos para el retiro de los trabajadores. El mandatario afirmó que no está satisfecho del todo con la solución al grave problema de la falta de garantías para una vejez digna y aseguró que no se dejará en el desamparo a los jubilados, pero consideró necesario “valorar y dar a conocer la situación actual”.
La reforma de hace dos años fue legislada en medio de la pandemia gracias a un histórico consenso entre el oficialismo, los partidos opositores, el sector patronal y la representación obrera, y se basó en tres ejes: reducir las semanas cotizadas necesarias para calificar a una pensión, aumentar de modo gradual las cuotas aportadas por los empleadores y disminuir en forma significativa las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro (Afore). Con ello, se esperaba un salto de 70 por ciento en el monto percibido por quienes reciben la pensión mínima, así como duplicar el porcentaje de trabajadores que logran este beneficio al llegar al término de su vida laboral.
Sin embargo, hay indicios de que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo, presenta fallas estructurales que no pueden solventarse con mejoras parciales. En principio, no puede perderse de vista que el esquema de capitalización individual, aplicado por primera vez en Chile por la dictadura pinochetista y luego llevado a otros países conforme se iba imponiendo el dogma neoliberal, está diseñado para generar ganancias a los dueños y accionistas de las Afore, no para que los trabajadores logren una pensión suficiente que cubra sus necesidades y les permita llevar una vejez digna. Así, las comisiones cobradas por las Afore en México, que durante años estuvieron entre las más altas del mundo, permitieron a estas compañías registrar ingresos récord de 32 mil millones de pesos en 2018, al mismo tiempo que la mayoría de los trabajadores recibiría una pensión equivalente a apenas entre 25 y 30 por ciento del monto del último salario previo a su jubilación.
Además, este modelo muestra una preocupante exposición a los vaivenes financieros internacionales, la cual se traduce en pérdidas periódicas para los ahorradores. En los primeros nueve meses de este año, el valor de los activos manejados por 10 Afore que operan en el mercado ha tenido una minusvalía de 473 mil millones de pesos, con lo que se borraron por completo las plusvalías de 366 mil millones entregadas el año pasado y se retrocedió todavía más. Se trata de las minusvalías más pronunciadas que han tenido los recursos pensionarios de los trabajadores mexicanos en un periodo similar y para todo un año desde 1998, pero en menor escala han sucedido al menos en 2013, 2018 y 2020.
Las pérdidas podrían resarcirse en el futuro, pero si no se realizan ajustes al modelo resultarán catastróficas para quienes llegan a la edad de retiro en estos momentos y para quienes apenas comienzan a formar su fondo de pensión. Más allá de los daños puntuales que causarán a un número importante de ahorradores, las minusvalías obligan a poner sobre la mesa la discusión en torno a si las empresas privadas son los agentes únicos o idóneos para administrar un capital que hoy asciende a más de 5 billones de pesos y del cual dependen las vidas de 71 millones de trabajadores.
