Buenos Aires. "Vengo en nombre de la República Argentina a ratificar el reconocimiento de su responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos de las víctimas del atentado en contra de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994”, dijo Natalia D'Alessandro, representante del ministro de Justicia, Martín Soria, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Montevideo, Uruguay, en el 153 período de sesiones.

La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Memoria Activa, un grupo de familias de las víctimas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y sostenía que el Estado argentino no había prevenido ni investigó de manera adecuada el mayor y cruento atentado ocurrido en el país ante lo cual el Estado “no tomó las medidas adecuadas de protección a pesar del riesgo”.

Asumió también la "responsabilidad por la violación de los derechos al acceso a la información”.

El atentado dejó 85 muertos y 300 heridos, además de destruir el edificio, lo que causó graves daños a las viviendas que rodeaban la AMIA.

Al referirse a las autoridades que estaban a cargo del poder público en ese tiempo, entre ellos el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), la funcionaria consideró que habían tomado la “decisión de encubrir la verdad”, y resaltó en su presentación que el reconocimiento se extiende desde 2005 hasta ahora, ya que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) aceptó por decreto la responsabilidad del Estado y asimismo cerró un juicio que se había convertido en un laberinto sin salida, plagado de irregularidades creando así una fiscalía especial para revisar el caso.

El presidente de la CIDH, el juez uruguayo Ricardo Pérez Manrique, analizó que las demoras en la investigación fueron atribuidas a “corrupción, falta de independencia y falta de profesionalismo en las más altas esferas del Estado argentino” y pidió “una sentencia de vocación transformadora”, recordando que el tribunal actúa “porque el Estado argentino no ha resuelto la problemática vinculada con la investigación del atentado terrorista a lo largo de 28 años”.

Sin embargo no se hizo ninguna referencia a la implicación de la Delegación de Asociaciones Israelita-Argentina, que convalidó irregularidades graves desde el comienzo de la investigación, y en ningún momento se advirtió que una de las principales causas de la demora, fue y es que desde al día siguiente al 18 de julio de 1994, tanto Israel como Estados Unidos acusaron sin pruebas a Irán con lo cual impedían cualquier otra investigación imparcial.

Fue esta la mayor causa de no haber podido llegar al final y aunque se dice que la justicia argentina consideró como los principales sospechosos a altos funcionarios iraníes, hasta ahora no se pudo presentar una sola prueba sobre esto.

Desde el primer momento, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel llevaron a investigar testigos falsos, por lo que el juez Juan Carlos Galeano, a cargo del juicio, viajó a Venezuela, por indicación de esos servicios, para interrogar a Manoucher Moatamer, quien se decía escapó de Irán con mucha información y terminó una indagatoria con contradicciones.

No existiendo extradición en Irán y sin pruebas específicas, sobre lo cual se han escrito importantes investigaciones periodísticas aquí, durante el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su entonces canciller Héctor Timerman, lograron firmar un memorándum con Irán a fines de 2013, que permitiría el envío de jueces a Teherán para indagar a los cinco altos funcionarios iraníes. Además de los jueces argentinos, también se elegiría un grupo de observadores altamente calificados. Esto fue votado por el Congreso argentino con mayoría absoluta.

Sin embargo Israel se opuso y el congreso iraní no votó ni nunca se puso en marcha el memorándum. El ex fiscal Alberto Nisman, nombrado por el ex presidente Kirchner para dirigir la unidad especial Amia, terminaría acusando a la ex presidenta y al ex canciller de “encubrir a los iraníes” cuando precisamente Fernández de Kirchner, como su ya fallecido esposo Néstor Kirchner, a lo largo de sus gobiernos denunciaron el caso AMIA, incluso ante Naciones Unidas.

El juicio por el pacto con Irán fue anulado, pero en estas semanas la cámara de Casación decide si confirma o revoca. Como se sabe, la existencia de una mesa judicial y las acciones de la Corte Suprema de Justicia no garantizan la imparcialidad si se trata de golpear al peronismo.

La CIDH también concluyó que los órganos estatales a cargo de la investigación del atentado cometieron graves falencias y desviaron deliberadamente la investigación durante más de ocho años. En 2019 terminó un juicio con tan leves condenas sobre funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Menem sin decidir cual era la razón del encubrimiento. La causa internacional fue iniciada en 1999.