Madrid. A una semana de la entrada en vigor de la prohibición de la prostitución en España, la mayoría de trabajadoras sexuales, que se estima son unas 45 mil, continúan ejerciéndola, aunque con “más incertidumbre y temores”, por lo que además de exigir a los dirigentes políticos que las escuchen, también piden que se intensifique la lucha contra las mafias de la explotación sexual.

Vanessa estudia enfermería, tiene 24 años y se declara abiertamente escort o prostituta: “Lo hago libremente, nadie me obliga y sí, lo hago por necesidad, porque el dinero no me alcanza, pero no estoy bajo las órdenes de nadie ni de ninguna red de explotación sexual. Es un trabajo más que me sirve para vivir”, relató a La Jornada, tras reconocer que a una semana de la prohibición, “lo único que ha cambiado es que ahora trabajamos con más miedo e incertidumbre”.

Es una visión que está en la antípodas del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, que impulsó la nueva legislación con la intención de desa-parecer de la sociedad cualquier tipo de prostitución y en la que se incluyen penas para los clientes y los proxenetas de entre tres y seis años de cárcel y multas de miles de euros al argumentar que “cualquier país democrático no puede permitir estas actividades”.

Los dirigentes políticos españoles optaron por la legislación más taxativa en contra del sexoservicio, para acabar con una “industria” en la que laboran habitualmente más de 45 mil mujeres y que da trabajo a más de 120 mil personas, lo que supone en dinero unos 4 mil millones de euros anuales (unos 80 mil millones de pesos).

El problema principal, a ojos del gobierno y de los grupos parlamentarios que respaldaron la ley, entre ellos el Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos y el derechista Partido Popular, es que, según los datos de la Fiscalía General del Estado, de las mujeres que trabajan en este sector “entre 90 y 95 por ciento” lo hacen obligadas o esclavizadas. Si este dato fuera cierto, supondría que en España hay más de 40 mil mujeres explotadas sexualmente.

Ese fue el argumento esgrimido por más de un centenar de asociaciones feministas para exigir al gobierno y a la clase política aprobar una ley “abolicionista del sistema prostitucional”, al argumentar que “cualquier tipo de prostitución no es un trabajo, sino explotación sexual”. Las asociaciones feministas crearon la Plataforma Estatal para la Abolición de la Prostitución, cuya presidenta, Rosario Carracedo, explicó que su proyecto tiene tres fases: proteger y reparar a “las víctimas de violencia en la prostitución”; es decir, a todos quienes ejercen esta actividad; desactivar el proxenetismo y desincentivar la demanda.

Un abordaje diferente

Sin embargo, en la medida en que la ley va superando los trámites parlamentarios, las y los trabajadores involucrados en esa actividad realizaron diversos actos de protesta, para reclamar que en lugar de una ley que tildaron de “prohibicionista”, se trabaje en una legislación que los convierta “en ciudadanos de pleno derecho”.

Susana Pastor, presidenta de la plataforma de prostitutas Stop Abolición, explicó: “Somos una plataforma pacifista y apolítica integrada mayoritariamente por trabajadoras sexuales, que hemos decidido libremente ejercer un trabajo cuya dignidad defendemos. Pese al estigma de ser identificadas estamos determinadas a defender nuestros derechos. Somos independientes y no necesitamos la tutela paternalista de nadie para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra forma de ganar nuestro pan y el de nuestras familias (…) consideramos que la penalización del trabajo sexual es una limitación de nuestra libertad de mujeres, cis y trans que nos dedicamos a esta actividad. Una estigmatización inaceptable para quienes queremos ejercer libremente. También para los hombres y mujeres con quienes acordamos nuestros servicios”.

La ministra de Justicia española, Pilar Llop, defiende el espíritu de la ley porque “España es el primer país europeo en consumo de prostitución. Por lo que pretendemos con la ley abolicionista combatir todas las formas de proxenetismo.

“Hasta ahora, lo punitivo era la explotación sexual, pero es un concepto que exige una interpretación y determinadas condiciones en la víctima y lo que queremos es que se vaya a la raíz de la prostitución y eliminar cualquier tipo de proxenetismo. Los tribunales también tendrán que elaborar jurisprudencia sobre esto. La finalidad es erradicar la prostitución, porque lo que hace es perpetuar el machismo. Que haya un sexo que pueda consumir los cuerpos de otras personas lo que hace es posicionar a los sexos en una situación de desequilibrio que no cabe en una sociedad democrática.”

Vanessa, de origen andaluz y quien vive en Barcelona, afirma que “en cualquier caso, lo seguiré haciendo mientras haya fórmulas, no creo que vayan a mandar policías a todos los centros nocturnos, pisos de chicas o a la calle para impedir que trabajemos”.

Desde Stop Abolición reclaman al gobierno y a los dos partidos en el poder recapacitar ante una ley que a su juicio supondrá “la total clandestinización de facto del trabajo sexual y por una ley basada en un neopuritanismo moral, en argumentos falaces y estadísticas falsas. Es mentira que 80 o 90 por ciento de las trabajadoras sexuales estemos obligadas”. Lo que contrasta con lo que dice el gobierno, que mantiene que más de 90 por ciento de las sexoservidoras lo hacen obligadas, pero sin “datos fiables al ser delitos con estructuras delictivas complejas y en los que las víctimas, debido a su vulnerabilidad, desconfían de la autoridad y son reticentes a denunciar o colaborar”.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre 2016 y 2020 se detectaron unas 3 mil 800 personas en situación de riesgo, de las cuales 575 fueron declaradas víctimas de trata, lo que derivó en la detención por explotación sexual de 172 personas. Cifras muy distantes de las supuestas 40 mil mujeres que trabajan obligadas en el ejercicio de la prostitución.

Pastor, de la Stop Abolición, sostuvo estar a favor de la regulación de la Ley de Extranjería para garantizar los derechos civiles de muchas mujeres de otras nacionalidades y de perseguir a las mafias que coaccionan, pero advirtió que, por las experiencias en otros países, la prohibición del trabajo sexual nos dejará en la marginación, generando inseguridad para todas, desprotección sanitaria y desamparo social”.