Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, aseveró ayer que la denuncia de la Fiscalía de la Nación, que puede costarle el cargo, es parte de “un golpe de Estado”, y rechazó de nuevo las acusaciones de que lidera una organización criminal en su gobierno.

“No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando o politizando a otro poder, como es el espacio del Ministerio Público”, declaró Castillo a la estatal TV Perú, durante una gira de trabajo en el país.

“Lo que rechazamos (de la fiscalía) es crear testigos, querer orquestar (una denuncia) diciendo que ‘Pedro Castillo es jefe de una red criminal’”, agregó.

El mandatario calificó la denuncia constitucional en su contra que presentó al Congreso el martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavide, de un “error” que está a tiempo de ser rectificado por la autoridad judicial.

Castillo es acusado de dirigir un esquema de lavado de activos del erario y de concesión de contratos de obras públicas, integrado por su entorno familiar y político. Es la primera vez que la fiscalía denuncia a un presidente en activo de Perú.

Los fiscales superiores del país ratificaron su defensa a la autonomía del Ministerio Público frente a todo tipo de injerencia que afecte la institucionalidad y su misión pública.

“No somos actores políticos, sino operadores de justicia, y no actuamos bajo ninguna forma de presión política, mediática o económica”, indicó el fiscal superior, Rafael Vela, vocero de sus colegas.

Hoy analizan si procede el antejuicio

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, primera valla del proceso que puede llevar a un antejuicio, empezará a evaluar el pedido hoy en un proceso que tomará al menos dos semanas.

Si la denuncia es declarada procedente, se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses.

En tanto, el Congreso aprobó interpelar al titular de Relaciones Exteriores, César Landa, por el discurso leído por el gobernante Castillo, hace tres semanas, en la reciente Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, al considerar que debilitó las relaciones de Perú con Rusia, Israel, Reino Unido y Marruecos.