Santiago. La centroizquierda oficialista y la oposición derechista reunida en Chile Vamos acordaron “12 principios”, que fijan un marco dentro del cual, de prosperar un acuerdo, se escribiría la nueva Constitución, pero de inmediato surgen incógnitas respecto de cómo esas pautas restringirán la soberanía del órgano a cargo de la redacción del texto.

Además, no se conocen definiciones acerca del órgano constituyente: cómo se integrará, si todos sus integrantes serán electos, o, cómo plantean algunos ultraconservadores, incluirá a “expertos” designados por los partidos, y en qué proporción; tampoco el plazo para entregar resultados, entre otros aspectos en torno al “mecanismo”, como se le llama, que es nebuloso.

Si bien lo trascendido en cuanto al “marco” es un borrador susceptible a cambios, subyace el objetivo opositor de impedir que se repitan articulados “maximalistas”, como incluía la propuesta rechazada en septiembre. Por ejemplo, declarar al país plurinacional, reconocer naciones originarias y crear una justicia básica indígena.

“La Constitución reconoce a los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”, reza uno de los lineamientos. Al decir “una e indivisible” se cierra la puerta a reconocer autonomías territoriales –una de las principales reivindicaciones mapuche–, lo mismo que desconoce a las diferentes etnias como naciones prexistentes.

Simultáneamente, se busca asentar que la propiedad privada y el emprendimiento de negocios estén a idéntico nivel de legitimidad que los derechos sociales a cargo del Estado, hoy cuasi inexistentes.

“Chile es un Estado social y democrático de derechos, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones públicas y privadas”, dice.

Otra definición: “Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de con-ciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos y el derecho de los no natos, entre otros”.

Aquí subyace que no habrá aborto universal y que se protege a la educación privada entendida como negocio.

Una Convención custodiada

Mauricio Morales, catedrático de la Universidad de Talca, dice que se avanza hacia una Convención “tutelada”.

“El acuerdo que se está alcanzando incluye los contenidos centrales de la nueva Constitución. No son principios constitucionales, como se ha dicho, sino contenidos. Por tanto, para bien o para mal, se está atando de manos a la nueva Convención, restringiendo su campo de acción.

“Esto rebaja los niveles de incertidumbre institucional, pero trae como consecuencia escoger un órgano de escaso poder e influencia”, explica.

Agrega que “si a esa Convención se le añade un grupo de expertos nominado por los partidos y, adicionalmente, es el Congreso el encargado de supervigilar el cumplimiento de los contenidos definidos, tendremos al órgano representativo menos relevante en la historia de Chile”.

Opina que el dilema no será la legitimidad del proceso, si estará o no en duda, “si la Convención es escogida popularmente no habrá problemas de legitimidad, tampoco si el Congreso define los principios porque fue electo democráticamente”, sino el poder real de la nueva Convención, lo cual puede ser para bien o para mal.

“La pésima experiencia previa explica el temor de los partidos a ceder poder a una instancia que, sabemos, podría seguir el mismo derrotero de la anterior, haciendo fracasar definitivamente el proceso. Por tanto, están tomando resguardos institucionales”, indicó.

Cristian Fuentes, catedrático de la Universidad Central, considera que con el marco previo “se está restringiendo el trabajo del órgano constitucional, pues la derecha quiere resolver antes los temas que considera sustanciales de su plataforma política.

“Veremos cuáles serán las características de quien redacte el nuevo proyecto constitucional, si será electo por completo o parcialmente, si el Congreso tendrá alguna participación o si un grupo de expertos asesorará o resolverá. Creo que cuán puro o mixto sea el mecanismo dependerá de lo que la derecha esté dispuesta a ceder. El 62 por ciento de rechazo al anterior proyecto pesa mucho”.

Fuentes agrega que las 12 bases constitucionales conocidas dan cuenta de las principales críticas al proyecto rechazado el 4 de septiembre, pero respetan la generalidad de los principios que defienden los partidarios del “Apruebo”, quienes “tienen a su favor sólo el límite de la legitimidad, ya que las alternativas son pocas y peores”, como quedarse con la vieja Constitución del dictador Augusto Pinochet.