Guadalajara, Jal. En lo que va del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez se han denunciado 6 mil 419 casos de personas desaparecidas de un total de 13 mil 600 expedientes registrados desde 1964, afirmó la coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Carmen Chinas Salazar.

“La falta de transparencia y certeza de los datos nos impide saber cuántas personas hay en esa situación, porque tampoco hay una estimación de la cifra negra. Hay casos que no se denuncian ni un diagnóstico claro para dimensionar el problema”, expuso la catedrática.

Durante una manifestación realizada ayer frente a Casa Jalisco, residencia oficial de mandatario emecista, cuya administración se inició en diciembre de 2018, alrededor de 120 estudiantes y profesores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UdeG se reunieron.

Carmen Chinas señaló que el registro estatal de personas desaparecidas no funciona, pese a que la fecha límite para que se pusiera en operación expiró en junio del año pasado.

Hay un retraso, dijo, en la creación de una ley en materia de desaparición, publicada apenas en 2021, cuando el Congreso de la Unión instruyó a los estados redactar una ley local desde 2017. Además, se carece de una estrategia de búsqueda efectiva y la falta de medidas preventivas.

Aunado a lo anterior, existe estigmatización y criminalización, falta un enfoque humanitario, acción integral y sicosocial, entre otras atenciones a víctimas y familiares por parte de la Fiscalía General de Jalisco.

“Todo esto hace que el drama de las desapariciones sea más fuerte en la entidad, pues parece que no hay una voluntad política por atenderla”, subrayó Carmen Chinas.

La especialista distinguió dos tipos de desaparición de personas: la forzada, ejercida por elementos del Estado, y la cometida por particulares. Esta última aumentó a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la guerra al narcotráfico.

Chinas Salazar resaltó que en esta crisis y la nula eficacia de las autoridades, confirmada por el creciente número de desapariciones, el trabajo de las familias y los colectivos ha sido crucial en la búsqueda y atención a víctimas.

Ausentes desde 2010

A pesar de que desde hace un año y siete meses un tribunal colegiado del tercer circuito en materia penal ordenó a la Fiscalía General de la República crear una comisión especial de búsqueda para localizar a Dalia Cruz Guerrero y Luis Enciso Ramírez, cuyo paradero se desconoce desde el 30 de septiembre de 2010 en Ahualulco de Mercado, cuando se dirigían a Estados Unidos, esto no se ha cumplido, denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Acusó que pese a la detención de un presunto responsable, no se sabe dónde están “y no se han llevado a cabo acciones efectivas que permitan esclarecer los hechos”.