A costa de un fondo para el pago de juicios y laudos laborales, los partidos políticos tendrán garantizado el pago de sus prerrogativas el último trimestre del año.

Dicho fondo, que hasta marzo de 2022 contaba con unos 100 millones de pesos, es utilizado para pagar las demandas de trabajadores inconformes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La actividad tendrá que suspenderse gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), en la que los magistrados ordenaron la entrega de los recursos.

Ayer, en sesión extraordinaria del Consejo General, representantes de los partidos Acción Nacional, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano aseguraron que con la sentencia se deja claro que el dinero de los partidos políticos es intocable.

En respuesta, el consejero electoral Mauricio Huesca afirmó: “Sí, vamos a pagar las prerrogativas de aquí a diciembre, a costa de que vamos a tener que incumplir con otros juicios laborales, es decir, vamos a cumplir una sentencia incumpliendo muchas otras sentencias relacionadas a laudos laborales, pagos de proveedores, que también son un incumplimiento a garantizar los derechos humanos”.

Insistirán ante Finanzas

El acuerdo aprobado establece dar continuidad a la solicitud de ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y Finanzas por más de 45 millones de pesos, de los cuales 39 millones son parte del financiamiento retenido al partido Morena en octubre, noviembre y diciembre.

En tanto, la sala especializada del TEPJF determinó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, vulneró la norma electoral por su asistencia, el 22 de mayo pasado, a un acto proselitista del entonces candidato Américo Villarreal. Según este criterio, con su participación la funcionaria favoreció la campaña.

Se indicó que desde el principio del mitin la funcionaria “levanta las manos al entonces candidato a la gubernatura en señal de triunfo”, y que si bien Sheinbaum no hizo un llamado explícito al voto en favor de Villarreal, se refirió a éste como el próximo gobernador, “lo cual se traduce en un equivalente funcional” a pedir el voto.

La resolución, sin embargo, puede ser impugnada ante la sala superior.