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Política

2022-10-13 08:16

Se investiga a jueza que retrasó cateo a miembros de La Familia Michoacana

Al menos 18 personas fueron asesinadas el 5 de octubre, entre ellas el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Alameda, y su padre, el ex edil Juan Mendoza Acosta, por un grupo que incursionó en esa localidad de la región de la Tierra Caliente.
Al menos 18 personas fueron asesinadas el 5 de octubre, entre ellas el presidente municipal de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Alameda, y su padre, el ex edil Juan Mendoza Acosta, por un grupo que incursionó en esa localidad de la región de la Tierra Caliente. Foto Víctor Camacho / Archivo

Ciudad de México. Las autoridades federales investigan la actuación de la jueza Isis Peralta, quien habría dilatado autorizar una orden de cateo a presuntos inmuebles del grupo criminal La Familia Michoacana en San Miguel Totolapan, Guerrero, lo que posteriormente pudo derivar en la masacre que dejó 20 personas asesinadas en ese municipio.

Al presentar el informe semanal sobre seguridad en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, detalló que se presume que esta dilación evitó la captura de integrantes de esa banda delincuencial, que a la postre participaron en los hechos suscitados el 5 de septiembre pasado, que entre otros dejó como víctima al alcalde Conrado Mendoza y su padre.

“Un antecedente es que el pasado 26 de julio, con acciones de inteligencia e investigación criminal realizado por la fiscalía de Guerrero, se pudo determinar cinco posibles inmuebles donde La Familia Michoacana realizaba actividades delictivas, entre ellas la privación ilegal de la libertad de personas.

“Se solicitó el cateo a cinco inmuebles, entre ellos a un rancho presuntamente propiedad de los líderes de esa organización en San Miguel Totolapan. Sin embargo a esta solicitud de cateo, que estuvo fundamentada en términos de ley, se niega en un primer momento por esta jueza de control”.

El ministerio público tuvo que realizar nuevas gestiones, y la juzgadora autorizó el cateo dos días después.

Sin embargo, “ya habían pasado 48 horas, tiempo suficiente en el cual los presuntos criminales pudieron salir del lugar, quitar evidencias y al mismo tiempo organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales y locales”.

Los cateos, agregó el funcionario, resultaron inoportunos, pues los presuntos criminales eliminaron toda evidencia.

“Tiempo después viene el homicidio, se quiso simular un presunto accidente de Nasario N, director de Desarrollo Rural en San Miguel Totolapan, y con posterioridad, el día 5 hubo el evento de todos conocido”.

Mejía Berdeja subrayó que la oportunidad de algunas acciones de carácter persecutorio es determinante para los buenos resultados. “No actuar a tiempo puede abonar a que con posterioridad se desaten otro tipo de eventos”.

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