El ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, promovió un nuevo recurso de amparo contra la orden de aprehensión y ejecución que haya librado un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con Sede en el Reclusorio Sur, por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, relacionadas con el caso de Ayotzinapa, dentro de la causa penal 148/2021.

El ex funcionario promovió el recurso el pasado 7 de octubre ante el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal y señaló como autoridades responsables al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

“Téngase por recibido el oficio… fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno con el número 935/2022… este Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Se avoca al conocimiento del asunto.” señala el acuerdo del juez.

En la actualidad, existen cuatro causas penales en contra de Tomás Zerón de Lucio relacionados con este asunto y que permanecen vigentes, tres se encuentran en el Reclusorio Oriente y uno en el Sur.

En julio de 2020 se difundió un video en el que aparece varias personas, entre ellas Zerón de Lucio, prófugo de la justicia, participando en un interrogatorio, en el que se muestra en condiciones de tortura a Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, supuesto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos dentro de las instalaciones de la Agencia Federal de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República, para confesar su participación en la agresión cometida contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

De acuerdo a la FGR “el objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada ´verdad histórica´”. Por ello, entre los objetivos prioritarios de la investigación por parte de las autoridades está poder extraditarlo, ya que fue quien manipuló indicios para el encubrimiento de los hechos, participó en sesiones de tortura a detenidos con relación a los sucesos.

Hace dos años Zerón fue ubicado en Israel, a cuyo gobierno México pidió la devolución del ex funcionario. No obstante, no hay tratado de extradición entre los dos países, pero sí un acuerdo de cooperación jurídica. El gobierno mexicano alega que Israel debe atender la demanda, dado que se acusa al prófugo de violaciones a los derechos humanos.