La Ley Minera en México requiere la modificación de al menos 22 de sus artículos, ya que viola acuerdos nacionales e internacionales, entra en conflicto con la Constitución y carece de políticas de transparencia, por lo que se desconoce la situación fiscal de al menos 30 por ciento de los consorcios en el país, sostuvieron especialistas en la materia.

Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, señaló que la legislación, que data de hace 30 años, sólo ha favorecido el desarrollo de la industria mediante incentivos económicos, dejando millonarias ganancias a las empresas, lo cual contrasta con la cantidad ínfima que aporta a las finanzas públicas y las graves afectaciones sociales.

La ley de 1992 abandonó varias regulaciones que protegían al Estado de abusos empresariales y a las poblaciones de comunidades donde se asientan los proyectos mineros y que se caracterizan por altos índices de pobreza, carencia de servicios básicos, marginación y bajo nivel académico, comentó en el foro virtual El saldo de 30 años de la Ley Minera actual.

El artículo 6 es uno de los más importantes porque habla de que la minería es de utilidad pública, es decir, está por encima de cualquier otra actividad productiva, ya sea que se ejerza por la población o el Estado, quienes “quedan subordinados” a esa práctica, indicó.

Los artículos 13 y 13 bis, continuó, favorecen a las empresas mineras sobre las poblaciones afectadas, quienes carecen de capacidad económica para competir con las trasnacionales. El artículo 15 es otro de los que necesita modificarse, pues otorga concesiones a las grandes empresas del ramo que pueden extenderse hasta un siglo.

Esta situación, permite a las empresas concesionarias especular en la bolsa de valores sin siquiera producir, y obtener grandes ganancias, pero lo que aportan al producto interno bruto (PIB) nacional representa menos de uno por ciento.

Beatriz Olivera, directora de la asociación Energía, Género y Ambiente (Engenera), señaló que el aporte a la hacienda pública de la industria minera es inferior a la manufacturera, que contribuye con 18.8 por ciento del PIB; comercio, 17.5 por ciento, y construcción 7.7 por ciento. Incluso, destacó, está muy por debajo de lo que aporta el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, que representa 24.2 por ciento.

Por tipo de impuesto, la recaudación de ISR a los consorcios mineros tampoco rebasa uno por ciento. En tanto que para el IVA “la situación es sumamente crítica”, ya que incluso ha representado una carga para las finanzas públicas, debido que las empresas pagan sus impuestos, pero los deducen.

Tan sólo en 2019, no hubo ingresos de la industria minera a la hacienda y por el contrario el Estado erogó 25 mil 612 millones de pesos. En 2020, hubo un gasto de 16 mil 764 millones, y en 2021, 10 mil 482 millones de pesos, detalló la especialista.