El canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reúnen hoy en Washington con los secretarios de Estado, Antony Blinken, y Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como con otros funcionarios estadunidenses, para abordar la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre México y Estados Unidos.
Se espera que el tema central del encuentro sea la presentación de avances del Entendimiento Bicentenario, acuerdo en materia de seguridad firmado en octubre pasado en remplazo de la Iniciativa Mérida, suscrita por Felipe Calderón y George W. Bush en 2008. En enero de este año se dio a conocer el plan de acción de este programa que tiene como propósito declarado “proteger a la población, perseguir delitos fronterizos y a las redes criminales trasnacionales”, y en abril se informó de los primeros logros: aumento de 355 por ciento en las confiscaciones de fentanilo, desmantelamiento de un laboratorio dedicado a esta sustancia cada cinco días (antes era uno cada tres semanas), detenciones de dirigentes de distintos cárteles, adelantos en la investigación sobre la muerte de 50 migrantes en Chiapas en diciembre de 2021. Del lado estadunidense, se habló del procesamiento de seis casos de alto nivel relacionados con tráfico de armas.
En aquel momento, el embajador de Washington en nuestro país, Ken Salazar, se congratuló porque “por primera vez nuestras naciones, con el liderazgo de los presidentes Biden y López Obrador, están atendiendo estos problemas de manera conjunta”. “No podemos cambiar la realidad del pasado en unos pocos meses”, dijo, pero “estamos contentos de anunciar que los gobiernos de Estados Unidos y de México estamos trabajando para hacer una diferencia”.
Pese a mensajes de buena voluntad como el anterior, a un año es clara la asimetría de posiciones, pues mientras la postura mexicana hace hincapié en el combate al tráfico de armas y en la cooperación para el desarrollo orientada a incidir en las causas profundas de la delincuencia, del otro lado de la frontera parecen no haberse enterado del fin del calderonismo ni han tomado nota del estrepitoso fracaso de la “guerra contra las drogas” declarada por Richard Nixon hace casi medio siglo.
Al mismo tiempo, se hace notar el doble discurso en episodios lamentables como el que tuvo lugar la semana pasada en Zacatecas, donde el embajador Salazar se apersonó acompañado de un equipo de colaboradores, principalmente de la Oficina Federal de Investigación, la Administración Antidrogas, la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia y la Agencia para el Desarrollo Internacional, para la firma (luego desmentida) de un acuerdo de “cooperación bilateral” abiertamente violatorio del pacto federal.
Está claro que los retos conjuntos en materia de seguridad y manejo humanitario de los flujos migratorios sólo pueden resolverse mediante la más amplia colaboración, pero para que ésta sea productiva deben cumplirse dos condiciones mínimas: en primera instancia, Washington debe escuchar y atender las posturas mexicanas, es decir, deponer la actitud neocolonialista de esperar una aceptación pasiva de sus premisas y, en segundo lugar, el gobierno y el aparato de inteligencia estadunidenses han de reconocer que la delincuencia en general, así como el comercio de estupefacientes en particular, no son problemas única ni primordialmente policiales, sino fenómenos con importantes componentes socioeconómicos que exigen un tratamiento multidimensional.
