Lima. Los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, cercanos al presidente de Perú, Pedro Castillo, presentaron ayer una denuncia por “prevaricato ilícito penal” contra la fiscal general, Patricia Benavides, justo un día después de que interpuso una querella constitucional contra el mandatario por el delito de organización criminal, asunto sobre el que el Congreso decidirá en 10 días si abre un antejuicio contra el gobernante.

Los letrados, quienes ya presentaron la semana pasada una denuncia por encubrimiento de personal contra Benavides, subrayaron que la fiscal general actuó de manera ilegal tras interponer la denuncia constitucional contra Castillo, quien goza de fuero, informó la emisora RPP.

Señalaron que la fiscal general no se ha limitado a sus facultades constitucionales después de emitir un pronunciamiento contra el mandatario, algo que no permite la Carta Magna, indicó el diario La República. “Está violando flagrantemente un artículo constitucional y eso se llama prevaricación”, acusó Atencio.

Horas antes, Lady Camones, titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, informó tienen 10 días hábiles para determinar si procede o no la denuncia presentada por Benavides.

Si la demanda es declarada procedente, se abrirá un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses antes de que llegue al pleno del Congreso, la única instancia que puede decidir la suerte del mandatario.

El jefe de gabinete Aníbal Torres detalló que la denuncia es “totalmente improcedente” porque no se ajusta a los términos del artículo 117 de la Constitución, que precisa los delitos por los cuales se puede acusar judicial y políticamente a un presidente en funciones.

“Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país, es contraria a la Constitución”, argumentó en conferencia de prensa luego de una reunión del Consejo de Ministros.

La fiscal presentó antier una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal, en un documento entregado al Congreso, con el argumento de que que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Castillo acumula seis indagatorias en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar (esposa, cuñados y sobrinos).

En otro orden, tumores, problemas musculares, infertilidad: habitantes de la comunidad andina de La Oroya, denunciaron las consecuencias de la contaminación provocada por una empresa minera, al testificar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe determinar la responsabilidad del Estado peruano en el caso, en un nuevo frente para Castillo.

En su 153 periodo ordinario de sesiones, que tiene lugar esta semana en Uruguay, los siete jueces de la corte escucharon a pobladores de La Oroya, que durante décadas han estado expuestos a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.