Antonio Enrique Tarín García, ex director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, tendrá que pagar una garantía de 5 millones de pesos, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por actos de corrupción cometidos en el sexenio del ex priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), relacionado con el desvío de 250 millones de pesos.

Un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, quien le impuso al ex funcionario la medida cautelar económica.

No obstante, los magistrados del colegiado declararon infundados los agravios del ex colaborador de César Duarte, quien, entre otros puntos, argumentó que no podía cubrir dicho monto, ya que el monto que se le fijo no era adecuada ni idóneo, sino que era excesivo y desproporcional de acuerdo a sus fines, porque el imputado tenía una situación económica precaria y que “la exposición mediática que tuvo, el señalamiento de la sociedad fue cruel con él y con sus familiares, derivado de la exposición excesiva no había quien quisiera contratarlo a distancia en casa”.

Pero no sólo eso, expuso que los razonamientos para la imposición de la medida cautelar de la garantía económica, en su momento fueron que ocupó un cargo público en el gobierno del estado de Chihuahua, en la administración de 2010 a 2016, que ostentó defensa privada y que contaba con bienes inmuebles, los cuales fueron superados, pues pasó detenido 5 años, sin poder retomar su vida laboral.

Reiteró que existió sobreexposición mediática en medios estatales y nacionales, lo que generó un “efecto corruptor” que no le permitió retomar su vida laboral; además, los 5 años de reclusión generaron una merma económica en su patrimonio, no trabajó, pero sí tuvo obligaciones con su familia y defensa, lo que lo llevó a estar imposibilitado totalmente para cubrir cualquier cantidad que se le pudiera fijar. Incluso, señaló que “recurrió a otras cuestiones, que no le daba pena vender comida, pan o hacer una serie de actividades para sacar adelante los gastos de su esposa, su hija y su casa”.

Al respecto el tribunal colegiado apuntó que la defensa del Tarín García no aportó datos de prueba sobre que la capacidad económica de su cliente se vio mermada debido a que estuvo detenido cinco años en el Centro de Reinserción Social Estatal Número 1 en Aquiles Serdán, Chihuahua.

Agregó que el monto de la garantía es necesaria, idónea y proporcional, ya que el ex director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua cuenta con capacidad económica para cubrir el monto y existe el riesgo de sustraerse de la justicia, obstaculizando el desarrollo de la investigación, ya que, al haberse desempeñado como servidor público. “Tales razones en su conjunto, según criterio de este tribunal, representan suficiente incentivo para sustraerse de la acción de la justicia; y para intentar influir en quienes pudieran participar como testigos en audiencia de juicio”.