Lima. La fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentó ayer una denuncia constitucional ante el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por presunta organización criminal, tráfico de influencias, abuso de poder y otros delitos, horas después de un allanamiento de viviendas de legisladores, funcionarios y de la casa de la hermana del mandatario.

El Congreso deberá debatir en los próximos días la denuncia, que puede conllevar la suspensión de Castillo, para lo cual necesita 66 de los 130 votos de la cámara.

Benavides dijo en rueda de prensa en redes sociales que los investigadores hallaron “graves evidencias” de que existe una organización criminal encabezada por Castillo. “Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el mandatario y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, sostuvo.

Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder el 28 de julio de 2021.

Los fiscales acusaron también a los ex ministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y Geiner Alvarado, de Vivienda, de ser integrantes de la supuesta organización que dirige Castillo desde la presidencia.

Castillo, maestro rural, enfrenta varios escándalos y ha sobrevivido a dos intentos de juicio político en el fragmentado Congreso. El mandatario rechaza hechos de corrupción y ha acusado a los fiscales de ser cómplices de grupos de poder que buscan su destitución.

Castillo encara cinco investigaciones, entre ellas por presunto tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, dirigir una organización criminal y hasta de plagio de su tesis de maestría de profesor. Las denuncias incluyen a Lilia Paredes, la esposa del mandatario, y a su cuñada, Yenifer Paredes, quien actualmente cumple prisión preventiva por 30 meses, en la mayor escalada en las investigaciones fiscales.

Sus cuñados Walter y David Paredes también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país durante tres años.

Más temprano, la fiscalía de Perú, junto a la policía judicial, inició un amplio operativo en Lima y otras ciudades del país “por presunta organización criminal”, en una pesquisa que involucra a Castillo.

El jefe de Estado reaccionó con indignación a la intervención de las autoridades, que involucró la vivienda de un familiar cercano en la capital.

Allanan casa de su hermana

“La fiscalía ingresó a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, dijo más temprano Pedro Castillo en Twitter. El presidente refirió que su madre, Mávila Díaz Terrones, de 77 años, se recupera en esa vivienda de una reciente intervención quirúrgica.

La madre del mandatario peruano sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital de Lima, donde la visitó Csastillo en la tarde, según la estación televisiva Canal N. Un abogado de la familia presidencial, Eduardo Pachas, confirmó a periodistas la hospitalización y calificó el allanamiento de “ilegal.

Las pruebas que han sacado no tienen relación con los hechos investigados”, refirió. La intervención de la fiscalía incluyó asimismo el allanamiento de viviendas de seis funcionarios y amigos de Castillo.

Uno de ellos prestó su domicilio al mandatario cuando llegó al poder para supuestamente concertar con empresarios obras públicas. Cinco de ellos fueron detenidos, entre ellos Auner Vásquez y Biberto Castillo, quienes laboraran de manera directa en el palacio de gobierno de Perú, donde funciona la oficina del presidente, dijo una fuente de la fiscalía.

Darwin Espinoza, uno de los legisladores cuya oficina fue intervenida, dijo que la fiscalía está haciendo caso a “chismes” para hacer acusaciones. Como parte de las pesquisas, la fiscalía recibió informaciones de colaboradores que han estado involucrados en las denuncias y comprometerían a legisladores, a cambio de redenciones de posibles condenas.

El futuro del presidente se torna sombrío, pues la alianza de izquierda que lo apoya en el Congreso sólo cuenta con un tercio de los escaños, insuficiente para frenar la suspensión, que conlleva la separación del cargo hasta el final del mandato, en julio de 2026, aunque mantendrá la inmunidad, figura que no evita que pueda ser investigado. No hay antecedentes de que la fiscalía haya denunciado a un presidente de Perú en ejercicio.