Pío Lorenzo López Obrador compareció la semana pasada ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) como parte de la carpeta de investigación sobre la presunta comisión de ilícitos en 2015.
Fuentes judiciales señalaron que el hermano del Presidente de la República, quien acudió a esa oficina el 5 de octubre, se reservó su derecho a declarar.
Por su parte, el agente del Ministerio Público federal titular de la célula B-II-1, notificó a un juez de distrito de las diversas gestiones realizadas como parte de la indagatoria, entre ellas la comparecencia de Pío López Obrador.
“El 5 de octubre del año en curso se desahogó el acto de investigación consistente en la declaración del quejoso... remitiendo para tal efecto copia autentificada de la declaración ministerial del imputado, que anexa a la misma.”
Indefinición jurídica por retraso en pesquisas
El impartidor de justicia dio tres días hábiles para que la Fisel informe sobre el “cumplimiento cabal” a la ejecutoria del amparo que se le otorgó a Pío López Obrador en julio de este año, con el cual tiene 60 días naturales para que la Fiscalía General de la República (FGR) definiera si judicializaba la carpeta de investigación que se le inició por presuntos delitos electorales.
En su momento, el juez de la causa afirmó que el retraso en las pesquisas viola el derecho de acceso a la justicia al mantener al quejoso en la indefinición jurídica.
La investigación en contra de Pío López Obrador comenzó luego de que se difundiera en Internet un video en el que aparece en un restaurante acompañado por David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil, cuando recibía bolsas de papel que supuestamente contenían dinero.
En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional promovida por la FGR que impugnaba la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) para que le entregara copia de sus investigaciones sobre los posibles delitos electorales en los que habría incurrido Pío López Obrador.
Aunque una semana antes él entregó voluntariamente al INE la carpeta de investigación solicitada, para el máximo tribunal el conflicto legal aún subsistía, toda vez que era preciso definir si el órgano electoral tiene facultades para solicitar a la FGR los avances de un caso penal en curso.
