El pasado 6 de octubre, por invitación del diputado Javier Joaquín López Casarín, participé en el foro El futuro de las finanzas digitales, que se realizó en la Cámara de Diputados, donde compartí mesa con la consejera electoral Carla Humphrey, quien expuso un tema tan relevante como la modernización en los mecanismos de fiscalización de los partidos políticos. En cambio, a mí me tocó abordar la importancia del uso de las nuevas tecnologías en los servicios que presta el sistema bancario y, por supuesto, en el combate efectivo contra el lavado de dinero y sus delitos predicados, como delincuencia organizada y corrupción, los cuales figuran entre las principales amenazas de financiamiento ilícito en el país (Evaluación Nacional de Riesgos, 2020). En este sentido, mi postura es muy clara: necesitamos modernizar los sistemas de procuración de justicia.
Las nuevas tecnologías pueden mejorar sustancialmente la implementación de los Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para avanzar en los esfuerzos globales contra dichos ilícitos y garantizar la inclusión financiera de los sectores de la población con menos acceso en este ámbito. Por ejemplo, el GAFI elaboró una Guía en 2020, en la que recomienda el uso de la identidad digital que puede permitir la identificación del cliente y la actualización de la información de forma no presencial. También pueden mejorar la autenticación de los clientes para un acceso más seguro a sus cuentas y fortalecer así la identificación cuando las transacciones se realizan en persona, promoviendo la inclusión financiera y combatiendo el lavado de activos, el fraude, el financiamiento al terrorismo y otras actividades delictivas.
Asimismo, la inteligencia artificial y los sistemas automatizados aplicados al Big Data pueden fortalecer el monitoreo y la presentación de informes de manera constante de transacciones sospechosas. Estas soluciones pueden monitorear, procesar y analizar automáticamente transacciones sospechosas y otras actividades ilícitas, al distinguirlas de la actividad normal en tiempo real. Al mismo tiempo estas herramientas pueden facilitar eficazmente la debida diligencia del cliente (DDC) y su riesgo, el cual se puede actualizar para dar cuenta de amenazas nuevas y emergentes en curso. Los métodos tradicionales de evaluación de riesgos, basadas en hojas de cálculo (por ejemplo, Excel) u otros programas similares no permiten analizar los datos a gran escala, lo que limita el potencial de correlaciones y el análisis para generar una imagen más detallada de los riesgos. Además, la calidad de los datos pueden variar y no ofrecer la precisión ni el detalle necesarios para cumplir con los estándares internacionales en la materia.
La promoción de la inclusión financiera va de la mano con lo anterior y es una parte importante no sólo en el cumplimiento de los Estándares del GAFI, sino en la reducción de los riesgos de lavado de dinero en general. Sin embargo, mitigar la exclusión financiera es un reto. De acuerdo con el informe “Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, publicado por el GAFI este año, en todo el mundo un billón de personas luchan por proporcionar documentos de identificación adecuados para abrir cuentas bancarias o mantener el acceso a los servicios financieros. Incluso cuando la identificación es posible, los procedimientos de DDC, junto con una implementación estricta de gestión de riesgos por parte del sistema financiero, conducen a menudo a la exclusión financiera de los segmentos más vulnerables.
Si bien el uso de soluciones innovadoras puede contribuir a la inclusión financiera, la implementación de nuevas tecnologías se debe realizar con un enfoque responsable y gradual. Los requisitos tradicionales de identificación pueden ser los instrumentos más obvios para identificar a los clientes, pero no debe ser la única herramienta utilizada para este objetivo. Las herramientas digitales son más beneficiosas para el proceso de DDC que la carga para una persona de presentar documentos de identidad físicos, pero sin perjuicio de la función y revisión de analistas y expertos humanos, lo que sigue siendo clave para evitar sesgos y otras consecuencias negativas de la dependencia excesiva de la tecnología.
Finalmente, los resultados publicados por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 permiten tomar medidas encaminadas a reducir las brechas de participación de grupos prioritarios en el sistema financiero mexicano. Por ejemplo, se señala que la mayoría de las personas adultas no bancarizadas son mujeres, ya que únicamente 65 por ciento de ellas tienen un producto de captación, comparado con 75 por ciento de los hombres. La ENIF 2021 muestra que 74 por ciento de las mujeres reportaron tener o haber tenido algún producto financiero, lo cual fue confirmado por 82 por ciento de los hombres. Mientras 82 por ciento de las personas adultas en localidades urbanas señalan tener o haber tenido al menos un producto financiero, este porcentaje se reduce a 69 por ciento entre los habitantes de localidades rurales. Por su parte, menos de 60 por ciento de la población hablante de lengua indígena tiene o ha tenido al menos un producto financiero y respecto a la población de 60 años y más, la inclusión financiera de los adultos mayores es sólo ligeramente menor a la reportada para poblaciones de menor edad, ya que 66 por ciento cuenta con al menos un producto financiero.
