Santiago. Transcurrido un mes y una semana desde el aplastante triunfo del “rechazo” a la nueva Constitución garantista de derechos sociales proveídos por el Estado –por 25 puntos de ventaja sobre el “apruebo”–, las posibilidades de revivir la ruta constituyente en Chile siguen ancladas a la voluntad de la derecha, que no cede en condicionarla a establecer un marco restrictivo de la voluntad del poder constituyente.

La derecha tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado; para renovar la vía a una nueva Carta Fundamental se requiere que el Parlamento apruebe por un mínimo de 4/7 una reforma constitucional que la viabilice. Ninguna fuerza política reúne por sí sola esa cantidad mínima de diputados y senadores (88 y 28, respectivamente), obligando a una negociación multipartidaria.

Chile Vamos, la coalición de tres partidos derechistas que busca salvaguardar la esencia neoliberal del régimen vigente –esto es, que el papel del Estado se restrinja a subsidiar la provisión de servicios sociales en ámbitos y lugares geográficos no atractivos o poco gananciosos para los privados– insiste en prestablecer “principios” imposibles de vadear para una eventual Constituyente.

Básicamente son tres: 1) Chile NO es un país plurinacional, como lo definía el texto fracasado, sino un Estado único, unitario, compuesto por diferentes culturas; 2) mientras la centroizquierda insiste en que se declare un Estado social y democrático de derechos, Chile Vamos machaca en que se garantice la propiedad sobre las aguas asignadas a particulares; 3) que se proclame la libertad de elección en temas de previsión, educación y salud.

Tampoco la derecha precisa cuál sería el mecanismo para escribir la nueva Constitución: qué órgano, con cuáles facultades, compuesto por quiénes, cómo serían elegidos, cuáles las representaciones de pueblos originarios, con qué facultades.

Sólo asienten en que sea con paridad de género y proporcional a los pueblos indígenas originales, no sobrerrepresentados.

Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), lo resumió así.

“Creemos que parte de las razones por las cuales el experimento refundacional de la Convención fracasó (aludiendo al anterior proceso), era porque no existía la posibilidad de elegir o provisión mixta de derechos sociales. Los derechos sociales no son sólo provistos por el monopolio estatal, (y) no son incompatibles con que la sociedad civil participe en su provisión, esa es la discusión de fondo”, afirmó.

Desde el oficialismo, Paulina Vodánovic, presidenta del Partido Socialista respondió: “la derecha vuelve al tema de los bordes (los principios insalvables) y no se pronuncia sobre el mecanismo” (quiénes, cómo y con qué potestades redactarían la nueva Constitución); pretextan dar tranquilidad a la ciudadanía, pero en realidad es para ciertos actores como las Administradoras de Fondos de Pensiones”, el factótum del neoliberalismo que continúan ganando miles de millones en plena crisis de legitimidad.

Vodánovic justificó un “Estado Social y Democrático de Derecho tiene que ver con énfasis en prestaciones sociales que están mercantilizadas. Cuando la derecha cambia la mayúscula a una minúscula, le agrega la s, y le suma libertades –Estado social y democrático de derechos y libertades–, desnaturaliza el concepto. No es una discusión semántica u ortográfica, es de fondo y debe darse en el órgano constituyente”.

Lograr un acuerdo es una carrera contra el tiempo si el propósito es evitar que elección de constituyentes choque con la de alcaldes y munícipes en octubre de 2023. Para que eso no ocurra, las bases y el llamado a elección de constituyentes debería producirse antes de que concluya este año, de modo que el Servicio Electoral pueda realizarla como máximo en abril próximo.

Todo lo anterior es una película en desarrollo y de resultado incierto.