La crisis financiera que arrastran algunos organismos electorales estatales tiene origen en recortes presupuestales y en el uso indebido de recursos, como ocurre en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), con un presunto desfalco de al menos 113 millones de pesos; otros enfrentan –por distintas causas– una virtual quiebra y el caso más grave es el de Colima, que desde septiembre se encuentra en parálisis operativa al no tener dinero ni para salarios.

Documentos del IEEC en poder de La Jornada señalan que el daño patrimonial contra el IEEC es “por la probable comisión de los delitos de coalición, uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y lo que resulte hasta por la suma de 112 millones 998 mil 480 pesos”, cometidos entre el 1º enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, ilícitos que afectaron la operación de dicho instituto.

En una denuncia penal presentada en mayo pasado por la secretaría ejecutiva del IEEC, fue documentada la existencia de malversación de recursos en los rubros de servicios personales por 132 mil 664 pesos; proveedores por pagar, 23 millones 755 mil 71 pesos, y retenciones y contribuciones, 58 millones 291 mil 646 pesos, lo que afectó el pago del impuesto sobre la renta de sueldos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche (Issstecam), así como cuotas y créditos del Infonavit.

También impactó en el pago del impuesto sobre nómina y créditos Issstecam, así como en la preservación del patrimonio e infraestructura, pasivos circulantes (multas del Consejo Estatal de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de Campeche, bono electoral, pasivo a partidos y fondo de administración).

En el caso del Infonavit, el daño durante el periodo mencionado fue por 377 mil 542 pesos.

Sin embargo, el Instituto de Vivienda informó a este diario, en respuesta a una solicitud de transparencia, que en los últimos cinco años el IEEC registró un adeudo por 4 millones 199 mil 72 pesos sólo por multas.

Según los documentos obtenidos, la deuda pública del organismo electoral de Campeche proviene de la falta de pago de sus obligaciones, pasando de 4 millones 207 mil 308 pesos en 2014 a 112 millones 998 mil 489 en 2021. Las irregularidades financieras fueron detectadas en el acta de entrega-recepción de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos y Agrupaciones Políticas del estado, lo que derivó en el embargo de cuentas bancarias.

“Todo el daño patrimonial causado al instituto ha tenido una repercusión que incluye el embargo de cuentas bancarias, por el impacto financiero, calculado al 31 de marzo de 2022, hasta por 119 millones 872 mil 585 pesos, con los importes en valores históricos, los cuales se verán incrementados, al momento de su pago, en consecuencia de los cargos accesorios y actualizaciones que impactan a dichos adeudos por el paso del tiempo”, se establece.

Como la mayoría de los institutos electorales estatales, el de Campeche solicitó sin éxito una ampliación de recursos, tras una reducción presupuestal para este año de 56.51 por ciento. El Congreso local le autorizó 182 millones 142 mil 3 pesos, más 116 millones como prerrogativas para partidos, según información del partido Morena.

A Campeche sólo se le otorgó 66.5 por ciento de la petición presupuestal que presentó para el actual ejercicio. Presentó cinco solicitudes de ampliación, de las cuales tres fueron rechazadas por el Congreso estatal y dos autorizadas, pero con recursos etiquetados para pagar impuestos.

En sus alegatos, el IEEC expuso que enfrenta “un estado crítico que pone en alto riesgo” sus funciones y atribuciones, y que por esa decisión tuvo que reducir en 30 millones 66 mil pesos la bolsa que había destinado este año para el pago de 160 plazas de confianza. Ese rubro se redujo de 81 millones 189 mil 380 pesos a 51 millones 122 mil 520.

Infructuosamente también pidió recursos para solventar deudas generadas en el proceso electoral pasado, en el que Layda Sansores ganó la gubernatura, aunque sólo le autorizaron 32.9 millones de pesos para cubrir el adeudo –de 2015 a la fecha– ante el Issstecam.

Desde el mes pasado, el Instituto Electoral del Estado de Colima se encuentra en parálisis operativa, sin dinero para pagar la nómina. Este año recibió 35 por ciento de lo solicitado (16.8 millones de pesos) para gastos de operación, lo que agravó su situación financiera.

En lo que va de 2022, Colima –al igual que Morelos y Nayarit– ha sido clasificado por el Instituto Nacional Electoral como de “alto riesgo”. Tampoco tuvo éxito su petición –en calidad de urgente– de ampliación por 16 millones de pesos, lo que llevó a su colapso desde finales de agosto, mes en el que los consejeros electorales colimenses dejaron de percibir su salario y el organismo enfrentó complicaciones para el pago de nómina de más de 80 trabajadores.

A principios de octubre la Secretaría de Gobierno de la entidad prometió a los empleados que canalizaría recursos para el pago de salarios atrasados.

Por otro lado, frente a las elecciones locales del próximo año en Coahuila y el estado de México, se encendió la alerta porque a la entidad norteña sólo se le otorgó 50.5 por ciento de lo que necesita para el arranque del proceso, es decir, que tiene un déficit de 8 millones de pesos para cubrir las tareas iniciales rumbo al proceso electoral, mientras el estado de México –con ajustes en distintas áreas– pudo librar el bache que le significó la disminución de 12.8 por ciento al presupuesto que solicitó.