En agosto pasado, la coalición México Unido, vinculada a partidos de oposición, organizó un foro virtual sobre la reforma curricular de la 4T. Ahí se afirmó que dicha apuesta buscaba “implementar un sistema educativo castrochavista-bolivariano donde colectivizan y condenan la individualidad”. Según los participantes, dicha propuesta busca “meterse con la mente de los niños”, lo cual, al estar vinculado a temas que “escandalizan a toda la sociedad” (como la “libertad de género”) es un ataque a la moralidad y “un crimen de lesa humanidad”. Posteriormente, dicha coalición asistió al Senado con respaldo y acompañamiento de legisladores del PAN y fijó un confuso posicionamiento “a favor de la calidad de la educación”, supuestamente suscrito “por más de 20 mil” organizaciones, en contra del mencionado cambio curricular.
Este es un episodio más de una campaña de largo aliento impulsada por sectores conservadores en el sector educativo, entre cuyos momentos más representativos destaca la lucha de organizaciones de padres de familia católicos contra la educación socialista y la educación sexual en la década de 1930; la reacción de las mismas organizaciones contra la distribución de los libros de texto gratuitos por parte de la SEP en la década de 1960, o el posicionamiento, nuevamente, contra la educación sexual a inicios del presente sexenio.
Dicha dinámica de continuidad ha tenido modificaciones a nivel retórico: a los principios clásicos de control sobre el espacio escolar y el trabajo docente, se han sumado los supuestos de la teoría del capital humano. Esto ha perfilado, desde la perspectiva de dichos grupos, una lectura economicista del proceso educativo y de sus efectos en las sociedades, de modo que dichas organizaciones, además de entender al espacio escolar como un terreno de extensión de ideas particulares, lo han interpretado como una fábrica de aprendizajes orientados a su valorización.
Algunas organizaciones que se sumaron a México Unido en contra de la “educación castrochavista” crearon la coalición Educación con Rumbo, que promovió un amparo para frenar el nuevo modelo curricular como parte de una campaña para –dicen– “garantizar el derecho humano de los niños a la educación y a la igualdad”, aunque la historia de quienes integran dicha coalición esté estrechamente vinculada con la crítica al monopolio estatal de los libros de texto y el rechazo a planteamientos progresistas en la política educativa nacional.
Dado que tales organizaciones no han logrado construir un amplio movimiento social, los grupos conservadores han aprendido que, ante la ausencia de construcción hegemónica o consenso social, es posible apelar a instancias judiciales para hacer avanzar sus programas particulares, o al menos frenar iniciativas progresistas. Han apostado por llevar a cabo un lawfare educativo a fin de usar el derecho como arma legítima para cuestionar políticas que apuntan a la construcción de un sistema educativo más inclusivo y democrático. En concordancia con otras expresiones reaccionarias en distintos países, las últimas iniciativas de dicha campaña han sido: a) el impulso del PIN Parental y con ello el control de la enseñanza de determinados contenidos en las escuelas, y b) la promoción de amparos ante el avance de un modelo educativo que, pese a los amplios debates que ha generado, propone una narrativa conceptual que problematiza distintas estructuras de dominio presentes en el sistema educativo nacional. Un elemento constante persiste a lo largo de esta historia de rechazo a contenidos peligrosos: la exigencia de participación efectiva de sectores conservadores en instancias de la política educativa. En la década de 1960 se demandaba la inclusión de las familias organizadas en la elaboración de los libros de texto, hoy se exige “garantizar la participación y aprobación de la sociedad civil” del nuevo plan de estudios, según Educación con Rumbo. Resulta interesante que algunas de las voces más hostiles contra la propuesta curricular actual hayan formado parte del gobierno o de estructuras de representación al inicio del sexenio, quizá impulsadas por el ejercicio equilibrista de la 4T en el sector, mediante el cual el gobierno busca generar concesiones limitadas a sectores populares y magisterio organizado, mientras mantiene los lineamientos generales del neoliberalismo en educación y un aparato burocrático con clara presencia de sectores conservadores.
Es necesario considerar que el nuevo modelo curricular conlleva distintos problemas, tales como la ausencia de una distinción clara entre saberes o capacidades y competencias; dudas sobre la enseñanza de las matemáticas o la compleja transición de los elementos teóricos esbozados en la propuesta y las orientaciones didácticas en el aula. Sin embargo, los debates en torno al cambio curricular en curso deben desarrollarse en clave democrática, orientados a un cambio socialmente favorable, no a partir de prejuicios y proyectos políticos particulares fundados en desigualdades y opresiones que mucho daño han hecho a las escuelas del país.
* Profesor FFyL-UNAM; @MaurroJarquin
