La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador busca ahorrar en este sector al menos 50 mil millones de pesos cada año, según cálculos del partido Morena. Alrededor de un tercio de esa meta se obtendría con la desaparición de los institutos electorales estatales, denominados Organismos Públicos Electorales Locales (Oples).

A ello se sumarían casi mil 700 millones de pesos, con la anulación de los 32 tribunales electorales locales.

El resto de la disminución presupuestal para este ámbito provendría, entre otros factores, de la reducción de gastos para campañas electorales, por la disminución en el número de curules (de diputados y senadores), así como de consejeros, y por la integración de un solo mecanismo electoral nacional, con instituciones administrativa y judicial únicas “bajo el principio de la austeridad republicana”.

En medio de una discusión sobre la pretendida reforma electoral, cuyo dictamen está en puerta en la Cámara de Diputados, la pregunta en distintos foros es ¿deben desaparecer los Oples?

Las personas e instituciones a favor de la eliminación afirman que estos organismos se han convertido en estructuras burocráticas, no exentas de corrupción, cuyos resolutivos son frecuentemente impugnados.

Subrayan que la mayoría de las acciones medulares de los Oples ya las realiza el INE, como la capacitación de las personas responsables de operar los comicios y la plataforma de los programas de resultados preliminares.

Morena señala que en los gastos de los Oples hay rubros “que no parecen justificables”, tanto en su operación como en el costo de la nómina.

Este partido indica que los Oples actualmente aprueban los registros de candidaturas, hacen los cómputos y entregan constancias, actividades que se podrían hacer desde una instancia central nacional.

En tanto, quienes pugnan por la permanencia argumentan que son los consejeros, directivos y demás personal de los institutos quienes conocen el contexto político y social de cada uno de los ayuntamientos y distritos. Aducen que su eliminación saldría más cara a la democracia porque, afirman, su presupuesto es ínfimo comparado con el gasto de cada entidad federativa, que de todas formas tendría que cargarse al instituto nacional.

Cada quien sus datos

Según la fuente que se consulte, las cifras son distintas. Documentos del consejo general del INE indican que en 2021 los 32 Oples solicitaron, en conjunto, 15 mil 47 millones de pesos, tanto para sus gastos operativos como para las prerrogativas o financiamiento público a partidos políticos. De esa cantidad, los congresos estatales les aprobaron 11 mil 389 millones. A su vez, en 2022, los Oples pidieron 13 mil 550 millones, de los que fueron aprobados 11 mil 264 millones.

En tanto, números de Morena, promotor de la reforma, señala que los Oples, incluidas las prerrogativas a partidos políticos, significa un gasto anual de 18 mil 484 millones de pesos.

El INE da seguimiento permanente a la situación financiera de los Oples y ahora se propone darles “acompañamiento” jurídico para impugnar sus asignaciones presupuestales.

Para tratar de revertir los recortes, han impugnado los institutos de la Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos, Quintana Roo y Durango.

La mayoría de los Oples recibió en 2022 un presupuesto menor respecto de lo que solicitaron. En 2021, en pleno proceso electoral, nueve organismos tuvieron recortes de al menos 30 por ciento, y ahora sólo nueve escaparon de la tijera.

El más reciente informe del INE, al corte de septiembre pasado, puntualiza que las entidades con mayor déficit son Colima, con 62.4 por ciento; CDMX y Nayarit, 50 por ciento; Coahuila, 45.5 por ciento, y Campeche, 42.2 por ciento.

En tanto, recibieron ministraciones incompletas Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Sin embargo, resultaron infructuosos los pedidos de ampliación presupuestal de los Oples Campeche, CDMX, Michoacán, Puebla y San Luis Potosí, y están “pendientes” las respuestas en ocho entidades.

Actualmente se ubican en situación de “alto riesgo” Coahuila (por un atraso inicial frente a la elección el año entrante) y Durango; asimismo, la Ciudad de México, Campeche, Colima, Morelos y Nayarit.

En “riesgo moderado”, se encuentran Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, de acuerdo con el INE.