Veinticinco años de colaboraciones en La Jornada. Periodo en que he recibido valiosas opiniones de amables lectores y críticas, incluso severas.
Siempre he tratado de atenderlas y comunicarme con quienes gentilmente las envían. Comento hoy la dura crítica de un buen compañero y amigo –lo sigo sintiendo así–, quien ha considerado mis colaboraciones recientes como ajenas al ambiente en “llamas” del país. Reclama mi silencio frente a hechos controvertidos del gobierno e indica algunos: papel creciente de los militares y su actuación en Ayotzinapa; desempeño del fiscal general de la República, así como el desmoronamiento del sector salud.
En lo eléctrico, me considera indefinido.
Añado otros hechos controvertidos que, sin duda, requieren revisión crítica, sobre todo autocrítica, de un gobierno en el que hay muchísimas personas que hacen esfuerzos notables en su trabajo. Por ejemplo, lo que en mi opinión son equivocadas intervenciones en el CIDE y en la Conabio, el similarmente equívoco proceso de extinción o apertura de fideicomisos, la ausencia de una reforma fiscal de fondo, gradual y progresiva que fortalezca las finanzas públicas, con un control impecable del gasto y para indicar sólo uno más, la concentración de recursos en las obras emblemáticas y el consecuente debilitamiento en otras obras de infraestructura fundamentales.
Acertado o equivocado, confieso que luego de mi participación durante 18 meses en un alto puesto en el gobierno, decidí mantener un perfil bajo en cuanto a mis opiniones, más aún en electricidad.
Alternativamente, en el marco del análisis de las grandes tendencias de “larga duración” –sigo a Braudel– he tratado de presentar mis opiniones en torno a dos ejes de reflexión, imprescindibles para el diseño y evaluación de una estrategia a largo plazo que nos permita superar, al menos, cuatro problemas agudos: desigualdad social, precariedad laboral, inseguridad física y cambio climático. Características de la urgente y necesaria transición energética y tendencias de la economía –estadunidense y mundial– en las que nos desenvolvemos y en las que se inscriben las políticas públicas.
He tratado de proponer elementos para evaluar aciertos, deficiencias y fallas de políticas públicas impulsadas, respecto a las cuales descubro elementos críticos, aunque es preciso reconocer aspectos virtuosos que deben ser “liberados” para que se desplieguen adecuadamente. Por ejemplo, el programa de bienestar social, cuya sustentabilidad a mediano y largo plazos no está garantizada.
Los cambios laborales que no han recibido el impulso exigido por tantos expedientes pendientes en las juntas de conciliación y el éxito en el incremento de la recaudación fiscal que no ha sido acompañado por esa reforma fiscal.
Para la transición energética, he insistido en la necesidad de –al menos– seis principios articuladores, no considerados hoy: 1) recuperación del sentido original del 127 constitucional, que, por un lado afecta radicalmente a tierras ejidales, colectivas y de pueblos originarios con riqueza solar y eólica y, por otro, desdibuja el concepto de servicio público de electricidad; 2) impulso a una electrificación eficiente y creciente en todos los usos finales con respaldo tecnológico, transporte sin duda; 3) aliento a la penetración también creciente de fuentes renovables, limpias y distribuidas, con ingeniería financiera y de costos transparente, reforzamiento de redes y conciencia clara de su huella de carbono; 4) impulso de productividad y cambio técnico en todas las fases de lo eléctrico para abatir costos, bajar tarifas y racionalizar subsidios; 5) fortalecimiento del papel del Estado como garante del servicio público de electricidad y de una justa y razonable coadyuvancia privada.
La nueva ley eléctrica no consideró la integralidad de estos ejes. Quizá cometí el error de no participar en los debates. Ni pronunciarme directamente. Pero –acertado o equivocado– luego de dejar mis responsabilidades, eso preferí. Pero nunca he dejado de apreciar y reconocer a quienes me han formulado sus críticas. Al contrario. De veras.
