En julio de 2018 empezó un ciclo de protestas en Haití que aún se mantiene. El principal motivo inicial fue que en marzo de ese año el gobierno de Venezuela (debido a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos) no podía seguir enviando petróleo con descuento a la isla a través de Petrocaribe. Los precios de los combustibles se dispararon hasta en 50 por ciento.

El 14 de agosto de ese año, el cineasta Gilbert Mirambeau Jr. tuiteó una foto suya con los ojos vendados y sosteniendo un cartel que decía: “Kot Kòb Petwo Karibe a?” (¿adónde fue el dinero de Petrocaribe?). Reflejaba la sensación extendida deque el dinero del plan había sido saqueado por la élite haitiana, cuyo control del país se había asegurado mediante dos golpes de Estado (1991 y 2004) contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, elegido democráticamente. El aumento de los precios del petróleo hizo invivible la cotidianidad para la gran mayoría del pueblo, cuyas protestas crearon una crisis de legitimidad.

En semanas recientes, las calles de Haití volvieron a ser ocupadas por grandes marchas y bloqueos carreteros. Los bancos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) se enfrentaron a la ira de los manifestantes, que escribieron “Abajo con EU” en los edificios que saquearon e incendiaron. La palabra creole dechoukaj o desarraigo –que se utilizó por primera vez en los movimientos democráticos de 1986– define estas protestas. El gobierno culpa de la violencia a bandas como el G9, dirigido por el ex policía Jimmy Babekyou Chérizier. Las bandas son parte del movimiento de protesta, pero no lo definen.

El gobierno de Haití –dirigido por el presidente en funciones Ariel Henry– decidió aumentar el precio del combustible durante esta crisis, lo que desató la protesta de los sindicatos del transporte. Jacques Anderson Desroches, presidente del Fós Sendikal pou Sove Ayiti, declaró al Haitian Times: “Si el Estado no se decide a poner fin a la liberalización del mercado del petróleo en favor de las compañías petroleras y a tomar el control del mismo”, nada bueno va a salir de esto. El 26 de septiembre, las asociaciones sindicales convocaron una huelga que paralizó el país, incluida la capital, Puerto Príncipe.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) evacuó del país al personal no esencial, su representante especial, Helen La Lime, dijo que Haití estaba paralizado por “una crisis económica, una crisis de bandas y una crisis política” que han “convergido en una catástrofe humanitaria”. La legitimidad de Naciones Unidas en Haití es limitada, dados los escándalos de abusos sexuales que han sacudido a sus misiones de mantenimiento de la paz y porque los haitianos consideran que su mandato está orientado a proteger a la élite corrupta.

Ariel Henry fue instalado en su puesto por el Core Group (formado por seis países y liderado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la Organización de Estados Americanos). Llegó a la presidencia tras el asesinato, aún sin resolver, del impopular presidente Jovenel Moïse.

Es imposible entender el actual ciclo de protestas sin reparar con atención en cuatro acontecimientos del pasado reciente del país. Primero, la desestabilización tras el segundo golpe de Estado contra Aristide en 2004, justo después del catastrófico terremoto de 2010 y que condujo al desmantelamiento del Estado haitiano. El Core Group aprovechó estas terribles dificultades para importar a la isla un amplio abanico de ONG occidentales que parecían sustituir al Estado y que pronto proporcionaron 80 por ciento de los servicios públicos. “Desperdiciaron” cantidades considerables del dinero de socorro y ayuda que llegó al país tras el terremoto. El debilitamiento de las instituciones estatales ha hecho que el gobierno tenga pocas herramientas para hacer frente a la crisis.

En segundo lugar, las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela acabaron con el plan Petrocaribe, que había proporcionado petróleo al país en condiciones favorables y 2 mil millones de dólares de beneficios entre 2008 y 2016 que estaban destinados al Estado, pero que se esfumaron en las cuentas bancarias de la élite.

En tercero, en 2009, el parlamento haitiano intentó aumentar el salario mínimo a cinco dólares diarios, pero Washington intervino a nombre de las empresas textiles y de confección para bloquear el proyecto de ley. David Lindwall, ex jefe adjunto de la misión de Estados Unidos en Puerto Príncipe, dijo que el intento de aumentar el salario mínimo “no tuvo en cuenta la realidad económica”, fue un mero intento por apaciguar “a las masas desempleadas y mal pagadas”. Estas masas están ahora en las calles, caracterizadas como “bandas” por el Core Group.

En cuarto lugar, a Ariel Henry le gusta decir que es un neurocirujano y no un político de carrera. Sin embargo, en el verano de 2000 formó parte del grupo que creó la Convergencia Democrática (CD), para pedir el derrocamiento de Aristide. La CD fue impulsada por los estadunidenses Instituto Republicano Internacional (brazo político del Partido Republicano) y la Fundación Nacional para la Democracia.

En la sesión de la Asamblea General de la ONU del 21 de septiembre, Joe Biden dijo que su gobierno sigue “apoyando a nuestro vecino Haití”. Lo que esto significa queda muy claro en un nuevo informe de Amnistía Internacional que documenta los abusos racistas que enfrentan los solicitantes de asilo haitianos en los Estados Unidos.

Las opciones para el pueblo haitiano pasarán por la unión de los sindicatos a la ola de protestas. Falta ver si éstos y las organizaciones comunitarias (incluidos los grupos de estudiantes que han resurgido como actores clave) serán capaces de impulsar un cambio dinámico a partir de la ira que se observa en las calles.

* Globetrotter