Por unanimidad, el Senado aprobó en comisiones el Protocolo 2014 relativo al Convenio en Materia de Trabajo Forzoso, “fundamental en el esfuerzo de suprimir la trata de personas y toda forma de explotación laboral”, asentó el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

El convenio, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo, es esencial para la protección de los trabajadores, ya que, aunque en los últimos años México ha mostrado grandes avances en derechos humanos y laborales, en “la era del neoliberalismo se presentaron nuevas formas de explotación, lo que provoca que cada vez más personas sean sometidas a hacer labores y servicios bajo amenaza, contra su voluntad o en condiciones deplorables”.

Esas prácticas inaceptables, agregó, violan los derechos humanos; perpetúan la marginación, la precariedad y son un obstáculo para que haya trabajos dignos y decentes para los mexicanos.

Desde el Senado, subrayó el también dirigente nacional del Sindicato Minero, “estamos comprometidos a fortalecer nuestra legislación y sabemos bien que, para la abolición efectiva de estos abusos, es clave la implementación de diversos mecanismos de protección y lucha contra estas violaciones a los derechos humanos.

Resaltó que el protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la OIT “no sólo reconoce la prohibición de las formas análogas de esclavitud, sino establece acciones precisas, con normas y medidas jurídicas, tanto para la prevención y protección, como para la reparación a las personas que han sido víctimas de abusos laborales”.

El documento, detalló, fue emitido en 1930 y adoptado el 11 de junio de 2014 en Ginebra; desde entonces, ha sido herramienta internacional en materia laboral para los gobiernos que lo suscriben, adoptan en sus programas, planes de acción y medidas efectivas para identificar, así como liberar y proteger a todas las víctimas de trabajo forzoso u obligatorio. Además, permite su recuperación, readaptación y otras formas de asistencia.

A su vez, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, mencionó que cuando fue cónsul en Boston se practicaban las contrataciones fraudulentas en Estados Unidos contra trabajadores mexicanos en condiciones similares a la esclavitud. Ante esto, comentó, el gobierno mexicano introdujo una class action, que fue la primera demanda nacional ante una empresa de ese país para recuperar los derechos de los connacionales.

En tanto, el senador del PVEM Israel Zamora Guzmán comentó que a través de ese convenio se podrán suprimir prácticas contra los migrantes mexicanos que van a laborar a Estados Unidos, pero que en realidad son víctimas de trabajos forzosos.

En el dictamen del protocolo se destaca que, según la OIT, en el mundo 21 millones de personas son sometidas como víctimas de trata y están sujetas a un régimen de servidumbre por deudas.