Con preocupación nos enteramos de la demanda interpuesta por un general militar ante los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), que le señalan responsabilidades penales en los hechos de la noche de Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron los 43 jóvenes normalistas. Aunque de primer momento un juez desechó tal acción de amparo, las embestidas contra esta comisión continuarán, no lo dudo; los intereses en juego son variados y de fondo.
Este debate ahora abierto se convierte en paradigmático, pues contrasta lo que una determinada comisión de la verdad puede generar y alcanzar de forma novedosa, frente a las labores tradicionales de los sistemas de procuración de justicia ordinaria.
No sobra decir que las revelaciones del informe de la Covaj, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, están fundamentadas en un ejercicio legal y legítimo, conforme a lo que establece el marco constitucional mexicano y los más altos estándares internacionales de derechos humanos. En esto también se reconoce la ponderación justa de los derechos que pudieran colisionar y se contemplan pasos firmes para derribar el muro de la impunidad en México. Con este suceso, podemos confirmar que la realidad nacional es compleja y retadora para la defensa de los derechos y conocer la verdad.
Si día a día vislumbramos las limitaciones de facto de las instituciones y órganos tradicionales del Estado en la procuración de justicia, ciertamente tampoco podemos negar el tan difícil trabajo de algunas personas funcionarias públicas que intenta hacer valer la ley y los mecanismos ordinarios y extraordinarios para encaminar procesos efectivos para la justicia.
Tal es el caso de quienes conforman la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, donde se han caracterizado por una lucha a contracorriente de inercias políticas, al tiempo que buscan dar pasos efectivos en la construcción de una cultura de derechos humanos incluyente y basada en enfoques creativos y diversos.
Podemos reconocer que todo trabajo es perfectible y que los retos están a la vista; sin embargo, sería una necedad no reconocer el trabajo y liderazgo, por ejemplo, del subsecretario Alejandro Encinas, quien con paciencia extraordinaria se sostiene al frente, conduciéndose bajo principios éticos y conforme a lo que legalmente establece la Carta Magna.
En un país donde la impunidad y la corrupción son la regla, pareciera que las conocidas amenazas de demandas y descalificaciones que pesan sobre Alejandro Encinas son un mal signo que devela, para nuestra desgracia, que no es posible avanzar hacia un país distinto al que hemos tenido y vivido, y que se reproducen como huelen las malas prácticas institucionales hasta ahora vigentes. Ojalá que esto no permanezca más.
Sería fundamental preguntarnos, desde los diversos movimientos y organizaciones sociales, también desde el Estado y sus instituciones, y la sociedad en general, qué tipo de función pública necesitamos y sobre qué parámetros. Un país con tantos desafíos requiere urgentemente de personas funcionarias éticas, humildes y comprometidas con los derechos humanos, que con su trabajo cotidiano contribuyan a transformaciones verdaderas, sostenibles y necesarias, que encaminen procesos de paz, verdad y justicia, buscando la reconciliación y cultivar la memoria.
Alcanzar semejante meta no será posible con el trabajo de algunas y algunos cuantos, donde cuento a Alejandro Encinas, pues se requieren muchas personas más. A esto, sumemos que nos enfrentamos a serias contradicciones del Estado, de las cuales debemos hacernos cargo. El Gobierno federal reconoce la necesidad de construir la paz, lo cual está bien; contrariamente, se aprueba extender temporalmente la militarización del país.
Por esto, es urgente una visión seria de derechos humanos que penetre no sólo una subsecretaría o una parte del gobierno; es urgente que sea una apuesta, la de construir la paz y hacer vigentes los derechos humanos, en todo el Estado mexicano. Por ello, desde ahora sigamos haciendo acciones creativas a favor de una paz con justicia y dignidad, sumando aportes diversos, frescos y novedosos para hacer de la función pública una labor digna y empeñada con los derechos humanos.
Es momento de usar todas las herramientas a nuestro alcance para construir sin titubeos un país cada vez más transformado de raíz. Como se ha dicho, esta transformación debe incluir la modificación de la función pública y el respaldo a funcionarios, como el subsecretario Encinas, para que continúen con sus labores tan plausibles.
Hoy vale respaldar el trabajo de la Covaj y la labor en general del equipo de la subsecretaría, de lo contrario faltamos francamente al reconocimiento de quienes con su trabajo buscan hacer efectiva la justicia y verdad que tanto anhelamos en México. Va un fuerte abrazo para Alejandro Encinas y su equipo.
