La masacre perpetrada el miércoles en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, ha causado conmoción tanto por el número de las víctimas (20, 23 o 25, según distintas versiones) como por exhibir el grado de indefensión en que se encuentran incluso las autoridades en regiones especialmente azotadas por el crimen organizado: entre los asesinados se encuentran el alcalde de la localidad, su padre y ex alcalde, el director de seguridad pública local, un escolta del edil y un miembro de su equipo de seguridad. Otro aspecto inquietante del ataque reside en la capacidad de operación y movilización del o los grupos delictivos involucrados, pues testigos refieren que la población fue asaltada por 100 o hasta 300 hombres armados, y se presume que un bloqueo carretero efectuado ese día tuvo como propósito impedir la llegada de fuerzas estatales y federales en auxilio de los habitantes.
Estas características han dado a los hechos gran resonancia mediática, pero los problemas de violencia en este municipio de la Tierra Caliente guerrerense vienen de tiempo atrás. Un rápido repaso hemerográfico da cuenta de la crónica crisis de inseguridad: en junio de 2014, es decir, hace más de ocho años, este diario informó que más de 250 personas se vieron obligadas a huir debido a los enfrentamientos entre grupos delincuenciales por el control de la plaza, un conflicto que para entonces había provocado el cierre de servicios médicos, escuelas, comercios, transporte, e interrumpido el suministro de gasolina y otros productos básicos. Policías estatales, militares y defensores de derechos humanos acompañaron a los desplazados, pero nada se hizo para permitirles volver a sus hogares. Cuatro años después, entre abril y julio de 2018, al menos 210 habitantes de las comunidades Las Ventanas, Laguna de Huayanalco y San Bartolo debieron refugiarse en el vecino municipio de Atoyac de Álvarez por presiones del crimen organizado. En las elecciones de ese año no se instalaron casillas para votar en dos pueblos del municipio porque todos sus habitantes habían huido. En fechas más recientes, en abril de 2021, se reportó que sujetos torturaron, cercenaron y quemaron la cabeza a Carlos Márquez Oyorzábal, comisario del poblado Las Conchitas; todo ello, en presencia de su hijo de 11 años. Los deudos no pudieron presentarse al funeral porque el camino a la comunidad donde se le veló estaba controlado por los asesinos.
Para complicar más un panorama ya exasperante por las letales disputas por las zonas de siembra y las rutas de trasiego de estupefacientes, existen indicios de que las actividades mineras tienen un papel en la escalada de violencia. Como se consignó en este espacio, un dirigente ejidal confió a nuestro corresponsal que los interesados en explotar los yacimientos de oro y plata descubiertos en 1985 en un ejido del municipio crean terror y desplazan a los pobladores para acceder a las vetas.
En respuesta a los sucesos de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y manifestó su oposición a que las autoridades locales hagan un acuerdo de paz con los grupos criminales de la región de Tierra Caliente pues, afirmó, “eso no está para acuerdos, está para investigación y que se aplique la ley”. Cabe esperar y exigir que la tragedia marque un punto de inflexión en el abandono hacia estas comunidades de Guerrero, de modo que en lo sucesivo se coordinen esfuerzos para dar con todos los responsables, garantizar la seguridad de los habitantes y evitar la repetición de episodios tan lamentables.
