Buenos Aires. El desalojo violento de una comunidad mapuche de Villa Mascardi el martes pasado, en la provincia sureña de Río Negro, la detención de siete mujeres con niños y el traslado de cuatro de ellas a la cárcel en Buenos Aires, fue la gota que desbordó el vaso y llevó a la renuncia de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, como Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, además de una reacción en cadena de organismos de derechos humanos, sectores sociales y políticos del gobernante Frente de Todos.

Este día cuatro mujeres mapuche de la Comunidad Lafken Winkul Mapu, detenidas por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, en Villa Mascardi, y llevadas a distintos lugares de detención, para terminar en el penal de Ezeiza, fueron trasladadas por otra orden judicial de regreso a Río Negro, al entender que se las había separado de sus hijos, y sus familias, además de que se les negó el contacto con sus abogados.

Domínguez ordenó a las fuerzas de seguridad que debían terminar “con el delito”, sin especificar cuál, y que se detuvieran a todas las personas que estaban en los distintos lugares donde se habían asentado los mapuches reclamando sus tierras, bajo la orden de que se les buscara armas, celulares y otros aparatos electrónicos.

La ministra Gómez Alcorta criticó desde el inicio del operativo montado, de acuerdo al nuevo Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad, a cargo del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a partir de la orden judicial que pedía el desalojo de la comunidad mapuche del lugar.

En un escrito oficial ante la justicia, para poder monitorear cómo eran tratadas, el estado de salud y cuidar la integridad de las mujeres detenidas por la Policía Federal y la policía de Río Negro, Gómez Alcorta, y otros organismos lograron que finalmente se las trasladara de regreso a su provincia. Por otra parte, Alcorta advirtió la gravedad que significaba la detención de siete mujeres indígenas, una de ellas líder espiritual de la comunidad.

El traslado hacia Buenos Aires fue ordenado por la jueza federal Silvina Domínguez en el caso de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera. En tanto, Betiana Ayelén Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil, siguen detenidas en dependencias de la Policía de Seguridad del Aeropuerto de Bariloche.

Por otro lado, Romina Rosas, quien está embarazada, se encuentra internada en el hospital Ramón Carrillo, de San Carlos de Bariloche.

El desalojo de una pocas hectáreas en Villa Mascardi estuvo en manos de 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales. Los abogados defensores apelaron al traslado de las cuatro mujeres, a la que se les agregó una “pena adicional” al ser llevadas a mil 600 kilómetros de donde están sus familias.

Es insólito además que la justicia federal las acuse por “incendio u otro estrago, por atentado contra la autoridad y usurpación”, de sus propias tierras ancestrales.

El presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia de Gómez Alcorta, quien actuó en defensa de Milagro Sala, la dirigente de la organización Tupac Amaru, detenida ilegalmente desde el 16 de enero de 2016, por orden del gobernador Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, en la provincia de Jujuy, bajo acusaciones de corrupción.

Después de recordar los tiempos difíciles que se vivieron desde la llegada de a la Fernández, Goméz Alcorta aclaró en su carta de renuncia: “Los hechos de público conocimiento de los sucesos desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad LafkenWinkulMapu (…) me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

Añadió que está “convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de mil 500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los derechos humanos”.

Por otra parte valora todo lo realizado en políticas de género y diversidad hasta la actualidad.

“Lo que hemos logrado nos genera un enorme orgullo, pero sin dudas es insuficiente mientras sigan existiendo los niveles de violencia y desigualdad con los que convivimos a diario. (…) Como militante política, sé que ocupamos estos lugares en el Estado con el único objetivo de transformar la vida de las personas. Por eso siempre estaremos en la calle, junto al pueblo y nuestras convicciones, para asegurarnos de no retroceder nunca y siempre ir por más”.

El caso de los mapuches, a los que la ex ministra de Seguridad del ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, trataba como delincuentes y terroristas produjo una severa crisis en el gobierno.

En la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), determina que la detenida Romina Rosas “está en una habitación de un hospital con dos uniformados y con una cámara que la graba permanentemente. La escena solo puede leerse “en el marco de la violencia obstétrica, la tortura y el trato humillante”, sostuvo el organismo, citado por el diario Página/12.

Por otra parte, en entrevista con el periódico Tiempo Argentino, la diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta, Verónica Caliva, expresó su solidaridad con las mujeres y pueblo mapuche y dijo que este tema se tratará en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se realiza en la provincia de Jujuy.

Caliva señaló que en la semana que viene “vamos a seguir discutiendo dentro del bloque porque hay límites que no se pasan y hay que reparar urgentemente tanto daño que el Estado y los gobiernos le hacen a las comunidades indígenas”.