En la Cámara de Diputados avanzó ayer una iniciativa de reforma para que la retención de prerrogativas a los partidos políticos destinada al pago de multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) no exceda 25 por ciento de la ministración mensual asignada a las actividades ordinarias.

La propuesta fue presentada por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, cuyo dictamen fue aprobado en la Comisión de Reforma Político-Electoral con el voto a favor del bloque oficial y la abstención de la oposición.

La iniciativa reconoce que las sanciones impuestas por el órgano electoral buscan reparar el daño cometido y desincentivar la repetición de prácticas que afectan la competencia equitativa. Sin embargo, también es cierto que deben existir límites claros a los montos que pueden ser deducidos al financiamiento público, a fin de no afectar las actividades propias de los partidos políticos y generar repercusiones negativas en las contiendas.

Recuerda que en la actualidad el INE puede retener para el pago de las sanciones hasta 50 por ciento de las ministraciones que reciben las fuerzas políticas.

El documento propone que en lugar de la mitad sea 25 por ciento. La única excepción es la que se derive del incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y señala que en ese caso la reducción podría llegar a la mitad de la ministración mensual.

En el régimen transitorio, plantea que las deudas existentes de los partidos por multas queden sujetas a la nueva redacción que tendría la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, define un plazo de 60 días para que las autoridades electorales armonicen su regulación interna en materia de fiscalización de conformidad con lo dispuesto en la nueva redacción de la norma.

El diputado Benjamín Robles Montoya (Partido del Trabajo) hizo un llamado a las fuerzas políticas a respaldar el dictamen, porque se trata de que haya equidad. Refirió que esa condición se rompe “cuando se deja a un partido político atado de la mano”, porque “se le quitan la mitad de sus prerrogativas y no puede haber piso parejo”.