Buenos Aires., En una mañana muy especial, una noticia sorprendió a todos cuando un ex empleado administrativo de la embajada de México en Buenos Aires saltó el enrejado que rodea el edificio y se encerró en un baño, pidiendo hablar con los encargados del consulado, pero evidentemente perturbado.

La infantería de la Policía Federal acudió al lugar, también un cuerpo especial de la misma, una ambulancia y se cercó la sede diplomática. La embajadora mexicana Lilia Rossbach Suárez y todo el personal se abocaron a negociar con el hombre, quien fue caracterizado como un paciente siquiátrico.

Durante las negociaciones entabladas por policías y personal diplomático con el individuo se buscó un desenlace pacífico, incluso llegaron familiares y médicos para un asertivo abordaje de la situación. “Todo estuvo bajo control”, dijo a La Jornada la diplomática Rossbach Suárez. El hombre identificado como Mauricio Díaz, de 40 años, tras el proceso de negociación, fue detenido y trasladado en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias a un centro de salud.

Solidaridad con pueblos originarios

En otro asunto, ayer en la mañana el Ministerio de Seguridad decidió enviar un Comando Unificado de Seguridad, creado en estas horas, para desalojar a una comunidad mapuche en Villa Mascardi, en la provincia sureña de Río Negro, donde se reprimió y se detuvo a mujeres y niños, mientras otros integrantes huyeron hacia las montañas, acción policial repudiada por diversos sectores de la sociedad, incluyendo a militantes y simpatizantes del oficialista Frente de Todos.

Sin duda, se agravó el hecho cuando existe una campaña instigada especialmente por Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad del gobierno derechista de Mauricio Macri, que no sólo ha perseguido al pueblo mapuche y a otras comunidades indígenas que se resisten a dejar sus pequeñas parcelas, si uno las compara con las posesiones de compañías como la británica Benetton, que compró 2 millones de hectáreas en esa provincia, en tiempos del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) ya fallecido, que privatizó la empresas estatales. Para Bullrich los mapuches son “terroristas”.

En Río Negro, el empresario británico Joe Lewis tiene extensos territorios y se apoderó del Lago Escondido, que nadie le vendió ni le entregó. Simplemente cerró el acceso a los pobladores rionegrinos y a los visitantes de todo el país. Su mansión está en las orillas del embalse, lo que es ilegal y anticonstitucional.

Por esta razón, distintos organismos protestaron y enviaron reclamos al gobierno de Alberto Fernández.

La represión concluyó con siete mujeres y cinco niños detenidos para lo cual se enviaron 250 uniformados, “un avión Hércules, un Fokker con tanquetas hidrantes” y fuerzas militares del Comando Unificado de Seguridad, creado por un decreto de Aníbal Fernández, el secretario de Seguridad.

“¿Esta respuesta es todo lo que tiene para ofrecer el gobierno nacional frente a un problema para el que hay soluciones concretas? En contraposición, nunca hemos visto ningún acto de autoridad ni de justicia, mucho menos de represión contra los empresarios (locales y extranjeros), que sistemáticamente se apropian fraudulentamente de recursos (tierras, lagos, empresas, préstamos de la banca pública, entre otros), como tampoco se hace nada frente a numerosos grupos de poder que desconocen y ultrajan derechos de manera permanente”, escribió la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad capítulo argentino.

Se denuncia que la expansión la mancha urbana en la frontera está impulsada por inmobiliarios, el desarrollo del turismo, la explotación hidrocarburífera y minera. “Pero el fenómeno fundamental es la venta de tierras a privados y, en algunos casos, la cesión de tierras federales a empresarios con vínculos privilegiados”.

También recuerda que la Red se manifestó en solidaridad con el pueblo mapuche, ante la desaparición forzada seguida de muertes de Santiago Maldonado, en Chubut en 2017 cuando acompañaba a una decena de jóvenes de la comunidad que estaban cuidando a sus familias.”

Sorprende especialmente la actual represión porque los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) tomaron fuertes medidas de protección y reconocimiento a las comunidades originarias.