Kanan Derechos Humanos y habitantes de Sitilpech, Izamal, Yucatán, señalaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desacredita la lucha social de este pueblo en contra de la instalación de granjas de cerdos en su territorio al decir que no ha entregado permisos a empresas –cuando lo ha hecho– y va en contra del diálogo que ya habían tenido con dependencias federales.

La Conagua informó el miércoles en un comunicado que a partir de lo ordenado mediante sentencia por el juzgado primero de distrito en Yucatán, los aprovechamientos y descargas con los que cuenta la granja ubicada en Sitilpech fueron clausurados el 10 de mayo. Aseguró que no ha otorgado nuevas autorizaciones y que es respetuosa de los procesos judiciales.

Sin embargo, Kanan aseguró que la Conagua facilitó los permisos de descarga de agua residual y aprovechamiento para que la empresa siga trabajando en la comunidad, lo cual “sirvió de fundamento a la empresa para pedirle al juez de distrito que revoque la suspensión, lo cual le dejó las puertas abiertas para hacerlo”.

Apuntó que la Conagua “ya presentó información dentro del juicio de amparo con la que se otorgaron recientemente nuevos permisos a la granja” que tenía en su planta alrededor de 48 mil cerdos, los cuales fueron retirados a causa de la suspensión de permisos para la extracción de agua de los pozos.

Indicó que desde julio pasado, “representantes de Sitilpech y otros pueblos que sufren los efectos de las megafábricas porcícolas en sus territorios, así como organizaciones que les acompañamos”, se han reunido cada mes con autoridades de dependencias federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin embargo, esta acción emprendida por la Conagua y la Semarnat, “cuya premisa de dichos acercamientos ha sido escucharnos no sólo nos da la espalda, sino que además traiciona su palabra ante los pueblos”.

Precisó que en abril de 2021 presentaron la demanda de amparo y la empresa Productos Pecuarios para Consumo contaba con permisos de aprovechamiento de agua y descargas residuales con una razón social distinta y con una capacidad de producción 50 por ciento menor que con lo que actualmente opera.

Por eso el juez primero de distrito consideró que la empresa funcionaba irregularmente, razón por la que ordenó la suspensión de operaciones al organismo de cuenca de la Conagua, indicó Kanan.