El inicio de la tercera etapa de la implementación de la reforma laboral llega con controversias. Mientras la Barra Mexicana Colegio de Abogados expresó su preocupación por la implementación de la Reforma Laboral, el reducido presupuesto, las inseguras instalaciones de algunas de las futuras instancias laborales y el despido de personal de la Juntas de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México lo que hará, precisa la Barra, que tarden todavía más en concluirse los miles de juicios tramitados en las Juntas.
Sus afirmaciones fueron rebatidas por la Secretaría del Trabajo. En nota detalló el presupuesto para cada rubro. Precisó que no hay rezago de juicio en las nuevas instancias de justicia (los nuevos juzgados laborales) y que las instalaciones de los nuevos jueces laborales son seguras. Afirmó que la Barra, colegios y facultades de derecho tienen la responsabilidad de capacitar a quienes defenderán en un juicio laboral.
Sobre el rezago de juicios ante las juntas de conciliación, nadie parece afirmar lo contrario. Además, vistos los despidos y las reducciones presupuestarias en muchas entidades, puede suponerse que habrá una lentitud mayor en los juicios (que son cientos de miles) ante las Juntas, por contar con menos personal cada vez. A lo cual se añaden los miles de juicios de amparo indirecto promovidos para agilizar el trámite ante las Juntas, donde ahora debe destinarse personal para rendir miles de informes previos y justificados en los juicios de amparo, lo que implica reducir la atención a los juicos laborales más que rezagados. Ya no hablemos de la calidad del trámite y de las resoluciones, se trata de que las Juntas saturadas puedan operar entre miles de amparos y, además, tramitar sus juicios.
El tema de las instalaciones no es menor. Para muestra, el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México fue ubicado en instalaciones que usaba la Junta Local, a quien le fue retirado más del 50 por ciento de su espacio y buena parte de su presupuesto original fue asignado al Centro de Conciliación. Por si ello fuera poco controversial, decenas de funcionarios conciliadores y personal jurídico, fueron separados del cargo sin aparente indemnización, lo que viola sus derechos laborales y los establecidos en las reformas constitucional de 2017 y legal de 2019, que dispusieron el respeto y conservación de sus derechos durante la transición.
Si se recorta espacio y se quita presupuesto a la Junta Local, para redirigirlos al Centro de Conciliación, se deja a las Juntas en su peor situación histórica. Parece una emboscada: se les reduce personal y presupuesto para dificultar la conclusión de los juicios laborales, con ello, en apariencia, se justifican los despidos y la reforma.
La sede de los nuevos tribunales laborales locales en la Ciudad de México fue ocupada por otros juzgados y estos fueron desalojados por el daño estructural causado por el sismo de 2017. No se conocen trabajos y dictámenes que lo rehabiliten. Es natural que usuarios, litigantes y personal supongan riesgoso volver al inmueble.
Si la rapidez para resolver era la meta de los nuevos juzgados laborales, las quejas de rezago en los Tribunales Laborales de Oaxaca desmienten los festejos oficiales, en los que se afirma que ya no se requieren abogados para acudir a las nuevas entidades laborales. Error: toda persona en conflicto tiene derecho a contar con un abogado y asesoría, como la ley expresamente lo reconoce e incluso faculta al juez laboral a sacar del juicio al abogado que no le parezca competente para el encargo.
Mientras en unas entidades se festeja la tercera etapa de la reforma laboral, a pesar de las quejas y disputas, en el Estado de México la judicatura local conducida por el Presidente Ricardo Sodi Cuéllar va más allá con una certificación internacional única en el país, la norma ISO/IEC-27011, gracias a las gestiones del Consejero de la Peña Gutiérrez.
Lo cierto entre las controversias existentes, además de los despidos en CDMX, es que la obligación de capacitar a los nuevos trabajadores (de juzgadores a notificadores y conciliadores) corresponde al patrón (la Secretaría del Trabajo o al respectivo Consejo de la Judicatura), no a los usuarios del nuevo sistema laboral (la Barra Mexicana, en tanto aglutina a litigantes, por ejemplo).
