Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció ayer en el Senado que el próximo lunes México presentará en Arizona una segunda demanda en contra de las empresas fabricantes de armamento de Estados Unidos, con base en una ley reciente de ese país que penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes.

“No desistiremos, de ser necesario habrá una tercera o cuarta demanda”, porque es “imposible reducir la violencia” sin frenar ese tráfico ilegal de armas, resaltó, al comparecer ante el pleno senatorial para la glosa del cuarto Informe del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anunció, asimismo, que México apelará la decisión del juez federal que desechó la primera demanda contra las armerías.

El canciller ofreció un dato revelador: de enero de 2020 a esta fecha, México ha decomisado 55 mil 996 armas en la frontera norte, de las que 21 mil 430 piezas son largas, de alto poder. Una cifra superior en número y capacidad fuego a “todo lo que compramos en un año oficialmente para nuestras fuerzas armadas o para las policías”.

Frenar ese tráfico es asunto primordial en la relación con Estados Unidos, “que debe ser corresponsable en el combate a los cárteles de la droga”, agregó.

El titular de Relaciones Exteriores reconoció que el litigio “va a ir creciendo, pero no quiere decir que tengamos conflicto con Estados Unidos. Inclusive el presidente Biden coincide, estamos en una posición similar en la materia”.

La ruta legal calculada

Ebrard explicó la ruta de la apelación al rechazo a la primera demanda contra las armerías.

El juez de Massachusetts decidió que “México tiene razón”, pero una ley de 2005 otorga inmunidad a las empresas por el uso de sus armas.

México impugnará porque esa inmunidad no aplica aquí “ni en ninguna otra parte del mundo”, subrayó el canciller.

Además, detalló, habrá una segunda demanda contra la industria armamentista de Estados Unidos, con base en una legislación que acaba de entrar en vigor este año en ese país y que establece como delito federal el tráfico ilícito de armas y penaliza a los prestanombres o a quienes compren armas que van destinadas a los delincuentes.

El canciller explicó que en 10 condados se centra el tráfico de armas, uno de ellos “el famosísimo Maricopa, del señor (sheriff Joe) Arpaio, que promueve el asesinato de migrantes”.

En esa demanda “vamos a demostrar que en muchos de los puntos donde se venden estos productos operan prestanombres y se tiene que empezar a fincarles responsabilidades penales”.

Por otra parte, descartó que el gobierno mexicano tenga considerado romper relaciones diplomáticas con Nicaragua, ya que, aseguró, lo que buscará es actuar como facilitador del diálogo en esa nación centroamericana, tal y como sucede en el caso de Venezuela.

La comparecencia fue tersa, con pocos cuestionamientos de senadores de PAN y PRI, con menos de la mitad de los legisladores presentes, pero con más de 50 invitados en la zona de palcos, que aplaudieron fuerte al canciller.

Al final, la morenista Malú Micher, quien encabeza un grupo de apoyo a su candidatura a 2024, le gritó “¡presidente!, ¡presidente!”