El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que, como medida luego de la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, emitida por un juez de distrito “por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, giró una alerta migratoria a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado, refirió que la acción está dirigida contra “Francisco Javier N” y detalló que con ello busca “verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”.

Un par de horas después, el ex gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) publicó un tuit con el que se dio por enterado de las acciones: “Me entero por un comunicado de Gobernación de supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada en la persecución política. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Basta de perseguir opositores”.

Presunción de inocencia

El despacho de abogados Ruiz Durán, encargado de la defensa legal del panista, argumentó que en la alerta emitida por el INM se presenta “indebidamente la situación” de su cliente, ya que viola el principio de presunción de inocencia que la Constitución otorga a los imputados a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra.

“De nada sirven estos derechos cuando el mismo Estado expone públicamente a alguien como responsable de un delito, cuando hay prueba evidente y suficiente que demuestra su inocencia”, señaló el despacho.

En tanto, el grupo del PAN en el Senado respaldó al ex gobernador en lo que consideró “un ataque ruin y la persecución política en su contra por parte de este gobierno autoritario”.

En un comunicado, los senadores del blanquiazul aseguraron que hay “uso de las instituciones para cumplir vendettas en lugar de procurar justicia” y exigieron detener la judicialización de la política.

Luego de que en 2021, a solicitud de la FGR, el Congreso de la Unión avaló un proceso de desafuero al entonces gobernador en funciones, el tamaulipeco presentó recursos que llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En agosto pasado, la Corte invalidó la orden de aprehensión dictada por los presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que consideró que el Congreso local no aprobó que se le retirara la inmunidad.

Los abogados del tamaulipeco detallaron que la FGR solicitó la cancelación de la orden de aprehensión el 28 de septiembre, “sin que hasta esta fecha se hubiera notificado a todas las instancias judiciales correspondientes”, y en caso de que haya pedido una nueva orden, “se debió haber solicitado con base en hechos y datos de prueba sesgados e incompletos, de forma desleal y parcial”.

Consideraron que demostrarán la “verdad” de los hechos y se declarará la plena inocencia de su cliente.