El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ratificó que México impugnará el fallo de un juez federal de Estados Unidos que desechó la demanda para responsabilizar legalmente a un grupo de fabricantes de armas de fuego por diseñar y comercializar sus productos a sabiendas de que sus clientes finales serán los grupos del crimen organizado de nuestro país; asimismo, anunció que se insistirá en la exigencia de frenar el tráfico de esos instrumentos mediante dos nuevos litigios, incluido uno contra las armerías. Para ilustrar la importancia de combatir el descontrol en la venta de armas en territorio estadunidense, el canciller recordó de enero de 2020 a la fecha México ha asegurado en su frontera norte 55 mil 996 de dichas piezas, de las cuales 21 mil 430 son armas largas, una cifra mayor a las compras totales para las fuerzas armadas y las policías mexicanas.
México y Estados Unidos son casos excepcionales por reconocer en sus constituciones el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego, pero la manera en que se ha legislado y reglamentado esa facultad en cada país ha llevado a situaciones diametralmente opuestas en el acceso a ellas por parte de civiles. Allende el río Bravo, basta con una identificación para comprar desde una pistola hasta un rifle de asalto; se puede entrar a un supermercado y salir con un arma; las armerías deben correr una revisión de antecedentes, pero de los 300 millones de comprobaciones efectuadas desde 1998 sólo se han denegado 1.5 millones de solicitudes (es decir, 0.5 por ciento); en algunos estados ni siquiera se necesita ser mayor de edad para adquirirlas, y una ley aprobada durante el reaganismo prohíbe a gobiernos estatales o locales preservar información personal de los dueños de armas de fuego, por lo que ni siquiera se cuenta con un registro de quiénes y cuántas tienen en su poder. Para las compraventas entre particulares –que representan 40 por ciento del mercado– no se requiere siquiera la comprobación de antecedentes penales.
En contraste, en nuestro país la compra legal de un arna de fuego requiere un trámite de varios meses de duración, en el que debe presentarse una identificación oficial, acta de nacimiento, constancia de domicilio, cartilla del servicio militar, constancia de no antecedentes penales, constancia laboral, además de certificados médico, sicológico y toxicológico. Todas las armas legales deben presentarse y registrarse ante la Secretaría de la Defensa (Sedena), incluso si se trata de operaciones entre particulares, y para registrar un arma proveniente del extranjero se exige la factura y licencia de importación, la cual sólo se ha extendido a muy pocas empresas autorizadas, las cuales deben comercializar sus productos por conducto de la Sedena.
Hay una clara diferenciación entre los dispositivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y los accesibles a civiles, y estos últimos –se trate de empresas de protección, cazadores, tiradores deportivos, coleccionistas o cualquier otro sujeto– sólo pueden adquirirse en la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (DCAM) de la Dirección General de Industria Militar. La venta de municiones se encuentra limitada en tipo y número y la portación de armas supone trámites adicionales a los de la mera posesión y la demostración de que el peticionario en cuestión reside o trabaja en zonas sin seguridad policial.
En suma, México ha tomado todas las medidas para asegurarse de que las armas no terminen en manos de la delincuencia y de que sólo ciudadanos responsables y aptos puedan acceder a ellas, por lo que la extensa circulación de armamento entre grupos criminales sólo se explica por la existencia de un mercado negro alimentado, en su abrumadora mayoría, por los fabricantes y distribuidores estadunidenses: 87 por ciento de las armas que cada año ingresan ilegalmente a nuestro país pasan por algún distribuidor de la nación vecina del norte, 70 por ciento son fabricadas ahí, y 68 por ciento son producidas por los 11 armeros demandados.
Está claro, entonces, que las autoridades y el pueblo mexicanos tienen razones de sobra para impugnar la sentencia emitida la semana pasada, emprender nuevos juicios e insistir con determinación en que se ponga fin a un escenario en que el lucro de pocos se convierte en la muerte de miles.
