Madrid. Después de un intenso debate parlamentario, el Senado español aprobó por mayoría la nueva Ley de Memoria Democrática, que sustituye o amplía la aprobada en 2011 y con la que se pretende resarcir a la víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura franquista (1939-1975).
Para el sector de la derecha se trata de una norma “revanchista” y que “traiciona el espíritu de la transición”, mientras para los partidos más inclinados a la izquierda y los nacionalistas catalanes es una legislación “insuficiente” porque no permite juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura y tampoco profundiza en la transparencia de la información histórica de todos los archivos, incluidos los militares.
La nueva ley permitirá que los hijos y los nietos de personas que tuvieron que exiliarse por razones políticas o de credo tengan derecha a la nacionalidad española de forma automática.
El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, cumple así uno de sus objetivos prioritarios de esta legislatura.
La nueva legislación superó el último trámite antes de su entrada en vigor. Votaron a favor los 128 senadores del Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, EH-Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, mientras en contra lo hicieron 113 parlamentarios del Partido Popular, 0Vox y Ciudadanos, con lo que la abstención de los 18 senadores de Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Cat y la CUP fue crucial para su aprobación definitiva.
Las novedades de esta legislación con respecto de la de 2011, aprobada entonces por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, es que se “resignificará” el mausoleo que mandó a construir el dictador Francisco Franco para que reposaran sus restos y los de otros líderes de la Falange, el Valle de los Caídos, que ahora se aspira a transformar en un monumento en el que se recuerde la historia reciente y se rinda homenaje a las víctimas, sobre todo a los miles de republicanos presos que lo construyeron siendo sometidos a trabajos forzados.
También se aprobó el retiro de todos los títulos honoríficos y nobiliarios que le fueron otorgados a los colaboradores del dictador Franco durante la guerra y el régimen totalitario. Es una medida simbólica, pero que supone señalar a los que con su apoyo permitieron se perpetuara la dictadura fascista en España.
Entre las reparaciones más significativas está que “se incorporan actuaciones específicas que se refieren a los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura, mediante la realización de una auditoría de los mismos y en consecuencia la implementación de las posibles vías de reconocimiento a los afectados”.
Además, dice la nueva ley, “desde un punto de vista particular, y por su carácter simbólico, la disposición adicional novena prevé la restitución de bienes incautados a las fuerzas políticas durante la dictadura cuando lo fueron en el extranjero como consecuencia de procesos judiciales o administrativos. Asimismo, se recoge el reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados, entendiendo por tales, según el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 28 de junio de 1930, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece de manera voluntaria”.
Por último, la nueva ley contempla que “como medida reparadora de quienes sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”.
