Chenalhó, Chis., Al menos 138 indígenas tsotsiles del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, informaron que huyeron de la violencia que ha generado un conflicto interno por tierras.

José Vázquez Gutiérrez, uno de sus representantes, aseguró que un grupo de personas “quemó decenas de casas y asesinó a varios pobladores”; agregó que no vieron los cuerpos.

Indicó que hombres, mujeres y niños se refugiaron en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó, y se encuentran en condiciones precarias en una bodega, sin alimentos ni camas. “La gente necesita techo, alimentos y cobijas”.

Vázquez Gutiérrez explicó que el problema se agudizó el 29 de septiembre pasado, cuando “Juan Ruiz Ruiz salió con su familia a ver su cafetal y fue emboscado, pero se defendió”. En esa ocasión murió Alfredo N, quien formaba parte del grupo agresor, según informó el viernes la Fiscalía General del Estado.

El representante de los desplazados señaló que Ruiz Ruiz, así como su esposa e hijos, se resguardaron “en la casa de Agustín Pérez Álvarez, que está cerca de su cafetal, pero los atacantes la rodearon, balearon, destruyeron y después le rociaron gasolina y le prendieron fuego”.

Sostuvo que en esa acción “fueron asesinadas dos o tres personas”, aunque detalló que “no se sabe qué pasó con los cuerpos”. Hasta ayer ninguna autoridad había ingresado a Santa Martha para verificar estas denuncias.

“Agustín no hizo nada. Estaba trabajando en su casa cuando llegó Juan Ruiz para refugiarse con sus familiares, algunos heridos, y entonces fueron atacados con saldo de algunas personas fallecidas”, aseveró.

Los habitantes de Santa Martha crearon un grupo armado hace varios años para enfrentarse a sus vecinos de Aldama por 60 hectáreas. Gracias a un acuerdo, esas tierras se repartieron hace unos meses entre los dos poblados: al primero le tocaron 27.5 hectáreas; al segundo, 32.5.

Previamente, los pobladores de Santa Martha se habían quedado con 22 hectáreas de la localidad de Emiliano Zapata, en el vecino municipio de Chalchihuitán, previo acuerdo de asamblea de que se distribuirían sólo entre quienes lucharon “con sus armas”.

Sin embargo, luego de convenios auspiciados por funcionarios estatales y federales que les permitieron obtener las 32.5 hectáreas que disputaban con Aldama, más las 22 de Chalchihuitán, comenzaron las diferencias internas.

Alrededor de 70 familias se separaron del grupo mayoritario, encabezado por las autoridades ejidales, y ahora son perseguidas; el jueves de la semana pasada comenzaron los ataques en su contra.

“Exigimos que el Ejército y la policía entren a Santa Martha para que paren las agresiones”, refirió Vázquez Gutiérrez, quien aseguró que otros lugareños se fueron a distintos municipios de la región.