El crimen organizado se ha extendido a las áreas forestales y muchas comunidades y ejidos tienen problemas con los grupos delictivos que tratan de controlar estas regiones y solicitan el cobro por “derecho de piso” al saber que obtienen recursos por la actividad forestal.

Esto señala Salvador Anta, del consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, el análisis Bosques y comunidades, y en el que advierte que “esto ocurre en el contexto de un presupuesto federal decreciente y la ausencia de personal de las instituciones gubernamentales”.

El crimen organizado ha llegado a controlar actividades de extracción y venta de los productos forestales, “sin seguir por supuesto, ningún programa de manejo, ocasionando el deterioro de los bosques y selvas”.

Señala que la ausencia de la presencia institucional en muchas regiones forestales es aprovechada por los grupos delictivos que ya se extienden en las zonas de producción forestal en Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Recuerda que desde el sexenio pasado el presupuesto del sector forestal ha ido a la baja, ya que entre 2014 y 2022, los recursos fiscales asignados a la la Comisión Nacional Forestal (Conafor), institución que por ley tiene el mandato de impulsar la conservación y manejo forestal, ha sufrido una reducción de casi el 77 por ciento.

El monto asignado en 2014 fue de 7 mil 600 millones de pesos, mientras que el presupuesto ejercido en 2022 fue de 2 mil 400 mil millones, esta tendencia se mantendrá para el 2023, ya que se propone un incremento de 3.8 por ciento respecto a 2022, pero no compensa la inflación de 7.5 por ciento, indica.

Agrega que “la relevancia económica que tienen los bosques para los habitantes de las regiones forestales y los importantes aportes a los servicios ecosistémicos que proveen para millones de personas no han sido suficiente razón para incrementar el presupuesto que se asigna al sector”.

Menciona que el“presupuesto asignado a la institución encargada de promover la conservación y manejo de los bosques es claramente insuficiente frente a las amenazas que enfrentan las regiones forestales del país con el incremento de las plagas e incendios forestales, así como la tala ilegal, el cambio de uso de suelo, las enormes deficiencias en la preparación y ejecución de los programas de manejo y las presiones de diversos externos que quieren ocupar los territorios comunitarios”.

Considera insuficiente para un país que cuenta con 137.8 millones de hectáreas con cubierta forestal, de las cuales 65.7 millones son arboladas y en ellas residen casi 11 millones de personas, una importante cantidad son indígenas que viven en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo, en condiciones de pobreza.

Además la presencia de ejidos y comunidades en las regiones forestales permite mantener el 80 por ciento de la biodiversidad del país; cubren casi la mitad de las Cuencas Hidrológicas Prioritarias; y una parte importante de estos núcleos agrarios, mil 11 se dedican al aprovechamiento forestal que abarcan el 88 por ciento de la superficie forestal autorizada que asciende a 6.5 millones de hectáreas y producen el 85 por ciento de la producción forestal nacional, 6 millones de metros cúbicos al año.

Menciona que otra amenaza con la falta de recursos es la creciente deforestación, la Conafor reconoce que se pierden 212 mil hectáreas al año y prácticamente “no se asignan recursos para evitar este importante factor de deterioro como tampoco se incentiva a las comunidades forestales a mantener sus recursos naturales”.

Agrega que este año, la Conafor recibió 7 mil 131 solicitudes de apoyo por un total de 6 mil millones de pesos, pero sólo atendió una tercera parte de las solicitudes y asignó recursos para una quinta parte del monto solicitado. De esa manera Conafor apoyó económicamente actividades en 4.8 millones de hectáreas en un universo de 65 millones de hectáreas de bosques y selvas.