La criminalización de personas por presuntamente transmitir infecciones como VIH, hepatitis C y más recientemente covid-19, es violatoria de derechos humanos, pero el delito está tipificado en códigos penales de alrededor de 81 países, así como en varios estados de la República Mexicana.

Un informe de la Red de Justicia en VIH documentó más de 500 casos, la mayoría en Uzbekistán (231) y la Federación Rusa (157). También ha habido procesos judiciales de este tipo en Estados Unidos (77); Francia e India, 11 cada uno; Gran Bretaña, 10, y Canadá, siete.

En México, hasta 2016 se ha conocido de 41 juicios en contra de portadores de VIH, comentó Leonardo Bastida, de la Red Latinoamericana de Periodistas en VIH y Sida en un foro sobre el tema.

Dijo que las diferentes leyes que existen desde hace más de 40 años establecen sanciones, las cuales van desde multas administrativas hasta la cárcel. En el caso de Estados Unidos, se ha encontrado que los sectores más vulnerables son los afrodescendientes e hispanos.

Sobre la situación en México, un informe que abarca de 2000 a 2016 refiere 41 casos de procesos judiciales, localizados en Veracruz (15), Sonora (9), estado de México (5), Tamaulipas (5), Chihuahua (3), Ciudad de México (3) y Nuevo León (1).

Bastida explicó que los juicios se pueden iniciar en contra de personas que viven con VIH-sida, hepatitis o covid-19, cuando éstas no revelan su condición de salud. El denunciante puede alegar que se le expuso a una posible infección o simplemente que estuvo en riesgo de adquirir la enfermedad.

Sin embargo, en el caso del VIH-sida, con la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales que logran disminuir la presencia del virus a niveles indetectables, se pierde la capacidad de transmitir la infección, lo que no se toma en cuenta.

En otras situaciones, cuando el portador de éste u otros virus desconoce su condición de salud, pero existe la sospecha de que pudo haber contagiado a otro, también está en riesgo de ser sometido a algún juicio penal. Mencionó que otro factor que incide en la promoción de este tipo de juicios es que, en muchas ocasiones, los códigos penales se refieren al peligro de contagio o la exposición potencial a enfermedades “incurables, infecciosas, venéreas, transmisibles o mortales”.

Estos son términos ambiguos que ya están rebasados por la evidencia científica, señaló el activista. No obstante, ahí están, y fueron la base en la pandemia de covid-19 para que en algunas entidades se tomaran medidas rigurosas a fin de obligar a las personas al uso del cubrebocas.

Hubo casos de individuos que fueron sancionados por no portar ese aditamento y en varios estados, incluso, las autoridades intentaron incrementar las penas, con el argumento de que se buscaba disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2.