Santiago Creel negó que Clemente Vega, ex secretario de la Defensa, haya expresado que el Ejército no saldría a las calles durante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México.

“Esto no es así; yo nunca supe ni tuve información de esa situación por parte de mi amigo el general Vega”, dijo Creel, al revelar que fue él quien convenció al entonces presidente Vicente Fox de desistirse de la acción penal contra el funcionario capitalino.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el general Vega habría dicho que no actuaría en caso de recibir instrucciones de hacerlo durante el conflicto del desafuero.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, Creel expuso que nunca tuvo información de esa situación por parte de quien era titular de la Defensa. Secretario de Gobernación en el sexenio de Fox, añadió que al principio de aquella problemática pensaba que sí había desacato a la resolución de un juez, pero tras escuchar a sus asesores y cerciorarse, tuvo la convicción de que no había sanción posible que imputar al entonces jefe de Gobierno.

Con esa certeza, recordó que convocó a su oficina en Bucareli a los abogados de López Obrador, entre quienes estuvieron Elisur Arteaga, en representación del hoy Presidente; Julio Scherer; José Agustín Ortiz Pinchetti y otros.

También dijo que platicó con Fox sobre el tema en su rancho de San Cristóbal. Estuvieron quienes eran dirigente nacional del partido, Manuel Espino; el consejero jurídico Daniel Cabeza de Vaca y su coordinadora de asesores, María Amparo Casar.

“Le planteé yo al Presidente que el gobierno debía desistirse, particularmente de la acción”, subrayó, al señalar que días después recibió una llamada de Fox en la que señaló estar de acuerdo con su punto de vista y que se rectificaría en el asunto. El procurador solicitó no ser la persona que tomara esta vía, por lo que se nombró a uno nuevo, explicó Creel Miranda. Destacó que ante estas circunstancias, Fox corrigió.

Otra versión de los hechos apunta a que el gobierno foxista se dio cuenta de que el desafuero estaba beneficiando la candidatura de López Obrador a la Presidencia, por lo que decidió desistirse de la acción penal para detener su crecimiento en las preferencias electorales.