Ciudad de México. Con la emisión de instrumentos recomendatorios y la aplicación del protocolo homologado se ha detenido la normalización de la desaparición de personas y la carga desproporcionada que las instituciones de procuración de justicia depositan en las familias para encontrarlas, afirmó la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos al informar que a la fecha suman en el país 105 mil 871, de 1964 al 3 de octubre del 2022.

La atención de esos instrumentos por las autoridades responsables resulta una oportunidad para eliminar “prácticas añejas que aún persisten en la procuración de justicia y que tienen por efecto perpetuar la endeble respuesta oficial frente a las víctimas de estos casos”, dijo.

El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas han expresado su preocupación por el número creciente de casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas.

La FMOPDH, integrado por 30 comisiones de derechos humanos y encabezado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, reconoció por ello la importancia de continuar generando tales instrumentos.

En el marco de la crisis humanitaria, evidenciada por la desaparición de las personas en el país, diversas instancias han contribuido a dar cuerpo al derecho de las personas a ser buscadas, cuya responsabilidad recae en el Estado, precisó.

Así que, además del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se tiene un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas recomendaciones, donde se solicita preservar el lugar de los hechos, garantizar la integridad de los indicios y hacer la búsqueda con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

Por ello, resulta importante que las autoridades competentes acepten as recomendaciones, a fin de proteger el derecho de las víctimas a ser buscadas, afirmó.