De las 19 mil 289 denuncias de corrupción presentadas en el último año ante las 30 fiscalías anticorrupción locales que hay en el país, únicamente el 4.3 por ciento han llegado ante un juez y el 0.2 por ciento llegó a una sentencia condenatoria.

Además, solo dos de estas fiscalías, las de Sonora y Querétaro, reportaron contar con protocolos para investigar casos de corrupción, en tanto que únicamente la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo cuenta con un protocolo para llevar a cabo los actos de investigación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas en casos de corrupción, de acuerdo con un informe presentado este martes por las organizaciones civiles Tojil e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En la segunda edición sobre su reporte de las condiciones de las fiscalías anticorrupción, señalan que ninguna de estas instancias cuenta con protocolos, manuales o normatividad para preparar a su personal para la realización de audiencias del procedimiento penal.

Señalan que 24 de estos órganos investigadores operaron este año con un presupuesto inferior a 70 millones de pesos, y dos de ellas, la de San Luis Potosí e Hidalgo, tuvieron un recorte del 87 por ciento en sus presupuestos respecto al año anterior y operaron con menos de un millón de pesos cada una.

En promedio, las fiscalías anticorrupción locales tienen cada una 12 agentes del público asignados, así como nueve policías de investigación y tres peritos.

Las fiscalías anticorrupción en las que los ministerios públicos tienen una menor carga de trabajo, con menos de diez investigaciones asignadas a cada uno, son las de Sinaloa, Guerrero y Yucatán, en tanto que las que tienen mayor saturación con más de cien investigaciones delegadas a cada MP son las de Colima, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas.

En 2021 y 2022 se iniciaron más investigaciones sobre corrupción que en los dos años anteriores, según el reporte, pero únicamente 9 de las 30 fiscalías obtuvieron alguna sentencia condenatoria.

Las organizaciones recomendaron impulsar reformas constitucionales en los estados para otorgar autonomía constitucional a las fiscalías anticorrupción y promover la asignación de una partida presupuestal especial para estos organismos, entre otros puntos.